Fort Bliss: cuando la política migratoria cruza la frontera de los derechos humanos

Por Daniel Lee
El mayor centro de detención migratoria de Estados Unidos, ubicado dentro de la base militar de Fort Bliss, en El Paso, Texas, enfrenta severos cuestionamientos por presuntas violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Un informe de 84 páginas elaborado por Human Rights Watch (HRW) y la Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU) documenta denuncias de golpizas, uso excesivo de la fuerza, negligencia médica, castigos colectivos, desapariciones forzadas y la muerte de un migrante bajo custodia. Ante la gravedad de los hechos, ambas organizaciones exigieron el cierre definitivo de Camp East Montana y la apertura de investigaciones independientes.
Bajo el título Solo saldrás deportado o muerto (You’re Only Getting Out Deported or Dead), la investigación reúne testimonios de #migrantes, familiares, abogados y organizaciones de asistencia legal entrevistados entre octubre de 2025 y junio de 2026. Sus conclusiones apuntan a una consecuencia directa de la expansión acelerada del sistema de detención y del endurecimiento de la política migratoria impulsada por la administración de Donald Trump.
Durante décadas, Washington ha intentado consolidar su imagen como referente mundial en la defensa de la democracia y las libertades civiles. Sin embargo, lo que ocurre dentro de Fort Bliss revela una contradicción cada vez más difícil de justificar. Las denuncias describen instalaciones hacinadas, sanitarios insalubres, inundaciones constantes, escasez de productos de higiene y largos periodos de encierro sin acceso al exterior.
Los testimonios recogidos por HRW y la ACLU retratan una realidad inquietante. Decenas de personas aseguraron haber permanecido semanas enteras sin ver la luz del sol, mientras otras denunciaron retrasos en la atención médica, interrupción de tratamientos y respuestas punitivas ante emergencias de salud. A ello se suman reportes sobre alimentación insuficiente y condiciones que han provocado ansiedad, desesperación y un profundo deterioro emocional entre los detenidos.
Uno de los hallazgos más preocupantes del informe es que más de sesenta entrevistados afirmaron haber sido arrestados pese a contar con documentos que acreditaban su estancia legal en Estados Unidos. Las detenciones habrían ocurrido en centros de trabajo, retenes de tránsito y oficinas migratorias, en operativos ejecutados por agentes vestidos de negro, con el rostro cubierto y sin identificaciones visibles.
Después de su captura, muchos migrantes fueron trasladados entre distintos centros sin poder comunicarse con familiares ni abogados. En numerosos casos, los sistemas oficiales no reflejaban su ubicación real, obligando a sus seres queridos a buscarlos durante días. Para Human Rights Watch, algunas de estas prácticas podrían constituir desapariciones forzadas conforme al derecho internacional.
Las denuncias también incluyen el uso recurrente de la violencia física como mecanismo de control. Según los testimonios, grupos de custodios encapuchados irrumpían en los dormitorios para sofocar protestas, responder a huelgas de hambre o castigar reclamos relacionados con las condiciones de detención. Golpes, amenazas e intimidaciones habrían sido utilizados para desalentar cualquier intento de exigir derechos básicos.
La muerte de Gerardo Lunas Campos, ocurrida el 3 de enero de 2026, sintetiza la gravedad de la crisis. Testigos afirman que el migrante pidió ayuda médica mientras permanecía en aislamiento y que, durante un forcejeo con custodios, alcanzó a gritar que no podía respirar antes de perder el conocimiento. El caso se ha convertido en uno de los principales argumentos para exigir una investigación imparcial sobre las condiciones dentro del centro.
El informe también denuncia presiones contra solicitantes de asilo, particularmente cubanos y venezolanos, para que abandonaran sus procesos migratorios y aceptaran ser deportados a terceros países. Según los testimonios, las amenazas incluían permanecer detenidos indefinidamente, enfrentar procesos penales o sufrir agresiones dentro de las instalaciones.
Diversas #OrganizacionesMigrantesMexicanas han expresado preocupación por el endurecimiento de la política migratoria estadounidense y sus consecuencias humanitarias. Colectivos como @FuerzaMigrante, la Red Jesuita con Migrantes y la Alianza Migrante de Tijuana han insistido en que ninguna estrategia de seguridad puede justificar el abuso, la criminalización ni la pérdida de derechos fundamentales.
Desde estos espacios se ha reiterado que la gestión migratoria debe sustentarse en principios mínimos de legalidad, supervisión y respeto a la dignidad humana. El reclamo coincide con las exigencias de Human Rights Watch y la ACLU: esclarecer las denuncias, sancionar a los responsables y garantizar justicia para las víctimas.
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