Raúl Contreras Bustamante

Nuestra Constitución reconoce la idea de la igualdad sustantiva, entendida ésta como el acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos y libertades de todas las personas. En el último párrafo del artículo 1º establece que queda prohibida toda discriminación, pocar razón de origen, género, condición social —entre otras—, que tengan por objeto anular o menoscabar sus derechos y libertades.

Las desigualdades sociales pueden verse reflejadas no sólo en la escasez de patrimonio e ingresos, sino también en el acceso a los servicios públicos y en el ejercicio de los derechos humanos. Se publicó un estudio de Oxfam Internacional que señala que en 2022 las desigualdades en el orbe contribuyeron a la muerte de alrededor de 21 mil 300 personas cada día, lo que significa una persona cada cuatro segundos.

El mismo informe indica que en países pobres, 5.6 millones de personas mueren cada año por falta de acceso a servicios de salud y 2.1 millones de personas mueren por hambre.

Por su parte, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico ha señalado que para 2022, la desigualdad en el mundo alcanzó su nivel más alto en medio siglo. El ingreso promedio del pequeño segmento de la población más rico, es mayor que el de cientos de millones de pobres en el mundo. De 35 países en que se midió la desigualdad de ingresos a nivel interno, México ocupa el sitio 33, sólo por delante de Chile y Costa Rica.

Todas las expresiones de desigualdad deben ser combatidas con políticas públicas diseñadas e implementadas con base en evidencia y presupuesto suficiente. Sin embargo, la desigualdad en el acceso al derecho humano a la educación reviste una importancia mayúscula, pues es este el verdadero nivelador social.

Nuestro país tiene grandes ejemplos en ello a lo largo de su historia. Las exitosas campañas de alfabetización del siglo XX  ayudaron a más de la mitad de la población en edad escolar en México, que era analfabeta; y el éxito de la implementación de los libros de texto gratuitos son prueba de ello, y fueron posibles bajo liderazgos como el de José Vasconcelos y Jaime Torres Bodet.

El reto para el próximo gobierno es enorme. Se tiene registro que en 2020 aún alrededor de 4.4 millones de personas no sabían leer ni escribir, y hay datos que indican que de 34.8 millones de niños, niñas y jóvenes —entre 3 y 18 años— que, por su edad, deberían asistir a recibir educación básica obligatoria, 6.4 millones no acuden a la escuela.

Entre la población que enfrenta mayores barreras de acceso al derecho a la educación están los hablantes de una lengua indígena, pues casi tres de cada 10 que no asisten a un centro educativo, pertenecen a ese segmento poblacional.

Otro aspecto de relevancia sobre desigualdad son los ingresos por nivel de escolaridad. La Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2022 del Inegi, informa que un hombre con primaria completa ganó un promedio trimestral de 17 mil pesos; mientras que una mujer con los mismos estudios percibió menos de 10 mil pesos. Por otra parte, un hombre con posgrado ganó un promedio trimestral de más de 106 mil pesos, mientras que una mujer —en la misma situación— solo obtuvo alrededor de 75 mil pesos.

Esperemos que, en la lucha por combatir la desigualdad social, el próximo gobierno de la primera mujer que estará al frente de la Presidencia, considere como tema de máxima prioridad impulsar a la educación en todos sus niveles, pues es la verdadera forma de conseguirlo.

Como Corolario la frase de José Vasconcelos: “La cultura engendra progreso, y sin ella no cabe exigir de los pueblos ninguna conducta moral”.