Corte reconoce tortura y violaciones al debido proceso
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó este miércoles la liberación inmediata de Juana Hilda González Lomelí, quien pasó 19 años en prisión acusada del secuestro de Hugo Alberto Wallace, hijo de la fallecida activista Isabel Miranda de Wallace. La decisión de la Primera Sala del máximo tribunal reconoce que las pruebas utilizadas en su contra fueron obtenidas bajo tortura y que existieron graves violaciones al debido proceso.
Con cuatro votos a favor y uno en contra, los ministros resolvieron conceder un amparo liso y llano, lo que implica que Juana Hilda quedará en libertad sin posibilidad de que se repita el juicio. El único voto en contra fue del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo.
Durante la sesión, los ministros enfatizaron que las confesiones bajo coacción, como ocurrió en este caso, no deben tener valor jurídico, ya que atentan contra los derechos humanos y contra los principios fundamentales del sistema de justicia penal.
Tras la sentencia, el Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) emitió un comunicado en el que subraya la importancia de esta resolución. De acuerdo con el organismo, la decisión podría extenderse a otros implicados en el mismo caso, como César F., Albert y Tony C., cuyos procesos estaban suspendidos en espera del fallo de la Corte. También mencionaron a Brenda Q. y Jacobo T., quienes aún enfrentan cargos con base en las mismas pruebas que fueron invalidadas.
Este fallo no solo representa un giro en uno de los casos más polémicos del sistema judicial mexicano, sino que también evidencia los abusos cometidos en nombre de la justicia. Organizaciones defensoras de derechos humanos, como el Grupo de Acción por la Justicia y los Derechos Humanos, han denunciado desde hace años que varias de las personas implicadas en el caso Wallace fueron víctimas de tortura y detenciones arbitrarias.
Por su parte, la familia de Juana Hilda celebró la decisión judicial, aunque señaló que la libertad llega tras casi dos décadas perdidas. La defensa legal buscará ahora la reparación integral del daño, conforme a los lineamientos internacionales para casos de tortura y detención injusta.
La liberación de González Lomelí también abre un debate sobre el actuar de las autoridades durante las investigaciones del caso Wallace. El Poder Judicial tendrá que revisar a fondo los procesos relacionados, para determinar si hay otras personas injustamente detenidas bajo las mismas condiciones.
