Estados y municipios en quiebra

 

 

Por todo México, varios gobiernos estatales y municipales deben pagos a trabajadores, a proveedores y a los institutos de seguridad social.

Éste es el diagnóstico de los nuevos titulares de los poderes ejecutivos estatales y municipales. Es la primera impresión de los que ya asumieron la titularidad del encargo ganado en las urnas y de los que están por recibir la estafeta.

Los deudores son gobiernos estatales y municipales, desde luego, están en quiebra financiera y con esta insolvencia, están en quiebra moral los gobernantes que los encabezan.

Esta radiografía de la insolvencia financiera en las entidades federativas y los ayuntamientos da cuenta de varios mecanismos mediante los cuales se disfraza, se oculta, se maquilla, se intenta esconder el monto de la deuda pública, pues se deben créditos a las instituciones financieras, se deben facturas de proveeduría, se deben pagos a las empresas que suministran energía eléctrica y agua, se deben las aportaciones a las instituciones que cubren los servicios médicos y otras prestaciones sociales de los trabajadores de los estados y municipios.

La gravedad y desaseo en el manejo de las finanzas públicas estatales y municipales cobra mayor notoriedad por las protestas de los afectados por el incumplimiento de compromisos contraídos y por la contratación de créditos a muy corto plazo para salvar problemas de liquidez.

Sin embargo, a la luz de estas dificultades financieras, los gastos exorbitantes en propaganda y otros gastos sin utilidad pública siguen vigentes. Con todo y esta crisis en las finanzas públicas no se detiene el carrusel del dispendio, inmoral por donde quiera que se le mire.

¿Es tan fácil dejar en la ruina a una administración pública?

¿Qué hacer para impedir que los gobernantes se ciñan a controles más estrictos para evitar deudas ocultas a través del impago a compromisos adquiridos por las administraciones públicas?

¿Nadie es responsable de la ruina financiera de un gobierno?

Ésta es un área de oportunidad para que el Poder Legislativo Federal y el de los estados legislen para establecer controles más estrictos y normas que impidan la laxitud en la adquisición de compromisos financieros, en el aumento del monto de deuda gubernamental por la vía del incumplimiento de obligaciones de pago a proveedores y, en algo fundamental, volver intocable la nómina, los enteros al SAT y las aportaciones y cuotas al IMSS, ISSEMYM e ISSSTE.