Por Adriana Delgado Ruiz | @AdriDelgadoRuiz
En México sólo tenemos cuatro juzgadores por cada 100 mil habitantes, cuando el estándar internacional dice que deben ser 65
La justicia cotidiana, a la que acudimos los ciudadanos de a pie para dirimir nuestros asuntos civiles y penales, requiere urgentemente de juzgados y tribunales con sensibilidad, que vivan y palpen la realidad social continuamente, que tengan claras las características de los grupos vulnerables y entiendan todo lo que implica juzgar con perspectiva de género.
El artículo octavo transitorio, segundo párrafo, de la Reforma Judicial permite márgenes de maniobra a las legislaturas estatales para establecer las características de los juzgadores locales que serán electos por voto popular en 2027, lo que presenta una gran oportunidad para que, más allá del protocolo jurisdiccional y la valoración de la carrera judicial, se pondere la experiencia vivencial de los aspirantes en las comunidades, su arraigo, dominio práctico de los derechos humanos y conocimiento técnico de la materia penal, civil, familiar, mercantil o la que vaya a ser de su jurisdicción.
Por otra parte, además del sentido humano, los retos también son de infraestructura y recursos. En México sólo tenemos cuatro juzgadores por cada 100 mil habitantes cuando el estándar internacional dice que deben ser 65. ¿La innovación tecnológica puede ser una solución? En la experiencia internacional, la inteligencia artificial ya muestra avances sorprendentes en países como Inglaterra, España y Brasil.
En vez de tener a los proyectistas y acordistas documentando y redactando cientos y cientos de fojas, pueden ser revisores del trabajo de un sistema de IA entrenado con criterios judiciales y jurisprudencia, capaz de estructurar proyectos de sentencia en tiempos muy cortos y sin sesgos en la interpretación de la ley.
De esa manera podría desahogarse también la gran carga de trabajo en el sistema de justicia mexicano, que actualmente incluye más de 47 mil expedientes rezagados que son todo lo contrario a una justicia pronta y expedita, al punto de que en las cárceles 37 de cada 100 reos no están sentenciados.
¿Vislumbrada la solución de fondo? Para nada. La gran mayoría de las deficiencias están en los pasos previos a la llegada de un caso al juzgado.
En México se cometen más de 26 millones de delitos anualmente, pero nueve de cada 10 ni siquiera se denuncian. Peor aún, la ineficacia de los ministerios públicos y fiscalías es tal, que de los 2 millones de carpetas de investigación que sí se integran, únicamente el 11 por ciento llegan a manos de un juez, es decir, sólo el 0.8 por ciento de los ilícitos.
Los mexicanos no confiamos en la policía ni en los ministerios públicos y fiscalías. La mayor impunidad en los casos en que sí hay denuncia, sucede en esas instancias por investigaciones deficientes, fallas en el debido proceso, carpetas mal integradas y corrupción. Las historias de indolencia y revictimización son lo común. Es ahí donde también hace mucha falta una reforma de fondo, bien estudiada.
MÁS LLAGAS
– A muchos entendedores, pocas palabras. Así el llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum a los gobernadores para que pongan atención a las reformas de los poderes judiciales estatales.
– Entre los nombres destacados como aspirantes para ocupar un sitio en la SCJN están Fabiana Estrada, Paula María García Villegas, Bernardo Bátiz, Carlos Alpízar, Plácido Morales Vázquez, Miguel Ángel Ferrer y Estela Fuentes, entre otros. Quien obtenga más votos en las urnas, presidirá el máximo tribunal durante los dos primeros años. El Tribunal de Disciplina podrá remover al año a jueces, magistrados y ministros que no cumplieron con su encargo, no por resoluciones, sino por corrupción.
