Exjueces federales acuden a la Presidencia ante la retención de sus indemnizaciones de ley

Reforma al Poder Judicial: Jueces retirados exigen pagos retenidos a Sheinbaum

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Hoy en día, las secuelas operativas e institucionales de la reconfiguración del sistema legal mexicano continúan generando intensos focos de conflicto en los pasillos de los tribunales federales. En efecto, un numeroso contingente de más de doscientos jueces y magistrados que decidieron no participar en el proceso electoral de la judicatura del año pasado alzó la voz para denunciar el impago de sus liquidaciones económicas. Los quejosos se agruparon de manera formal bajo las siglas del Colectivo Artículo Décimo Transitorio para emprender una estrategia de exigencia pública. El grupo civil remitió un documento formal a la Presidencia de la República para solicitar el amparo de la titular del Ejecutivo Federal ante lo que consideran un freno injustificado a sus derechos adquiridos.

Señalamientos directos contra la burocracia administrativa

En primer lugar, los impartidores de justicia en retiro responsabilizan directamente al Órgano de Administración Judicial (OAJ) por retrasar la entrega de las partidas presupuestales correspondientes. La carta de los inconformes señala que la dirección del OAJ, encabezada por Néstor Vargas Solano, mantiene una postura de total indiferencia frente a las solicitudes presentadas por las vías institucionales correspondientes. Asimismo, el documento enfatiza que la gran mayoría de los juzgadores cesados se encuentra actualmente en una posición económica vulnerable debido a la falta de liquidez. La exclusión de estas prestaciones económicas atenta de manera directa contra el derecho al mínimo vital de quienes dedicaron su vida profesional al Estado mexicano.

Por otra parte, la solicitud de diálogo busca la conformación de una comisión de enlace integrada por tres representantes del colectivo para exponer la problemática de manera personal en el Palacio Nacional. Los firmantes de la misiva hicieron extensiva esta notificación a las principales cabezas de los Poderes de la Unión para visibilizar el alcance del rezago administrativo. Entre los destinatarios destacan el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz, y las lideresas parlamentarias Laura Itzel Castillo en el Senado y Kenia López en la Cámara de Diputados. La consejera Celia Maya García, al frente del Tribunal de Disciplina Judicial, también recibió una copia del expediente.

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Las prestaciones en disputa consagradas en la Carta Magna

El marco transitorio de la reforma al Poder Judicial contempla las siguientes obligaciones económicas irrenunciables para los perfiles que declinaron competir:

• Compensación por antigüedad: El pago inmediato de tres meses de salario integrado más veinte días de sueldo por cada año de servicios prestados en la judicatura.

• Seguridad social continua: El mantenimiento de las coberturas de gastos médicos mayores y demás prestaciones laborales adquiridas durante el encargo.

• Liquidaciones devengadas: El desembolso proporcional de los conceptos de vacaciones anuales, primas vacacionales y la pensión complementaria obligatoria.

La defensa de los derechos laborales en la era de la transición

De igual manera, los ministros y magistrados retirados recordaron que su salida de los tribunales obedeció estrictamente al cumplimiento de las nuevas reglas del juego democrático implementadas por el Congreso de la Unión. Los juristas argumentan que es un contrasentido legal que la misma enmienda constitucional que los separó del cargo sea ignorada al momento de cumplir con las cláusulas de salida de los trabajadores. El gremio de juzgadores confía en la sensibilidad política de la Presidenta Claudia Sheinbaum para destrabar el nudo burocrático que mantiene congelados sus fondos de retiro.

En resumen, el conflicto por los pagos pendientes de la reforma al Poder Judicial amenaza con abrir un nuevo frente litigioso si las autoridades del OAJ persisten en la omisión de las transferencias financieras. Los asesores legales del colectivo de juzgadores advierten que ya agotaron todas las instancias de diálogo interno dentro del aparato del Poder Judicial de la Federación. A fin de cuentas, la resolución de esta controversia administrativa será clave para otorgar certeza jurídica a los cientos de funcionarios que dejarán sus puestos en las próximas etapas de la renovación judicial en el país.

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