La reforma que no será
Raúl Contreras Bustamante
El Congreso de la Unión estuvo sesionando un periodo extraordinario convocado para aprobar, entre otras propuestas, una iniciativa de la titular del Poder Ejecutivo federal para, de nueva cuenta, reformar la Constitución en materia del Poder Judicial.
Se trata de un hecho inédito que la Legislatura al Congreso modifique el texto constitucional que ella misma aprobó el pasado 15 de septiembre de 2024.
Desde la academia se veía con agrado que se reconociera que la radical reforma al Poder Judicial del país adolece de muchos defectos; y se había circulado un texto elaborado por tres legisladores del partido que tiene la mayoría en el Congreso que proponía cosas positivas, pero de manera lamentable, no corresponde al texto que aprobó.
En lo único en que coincide es en la necesidad de posponer la fecha de la siguiente elección de jueces y magistrados para 2028, así como crear “secciones” en la Suprema Corte de Justicia de la Nación para agilizar la tramitación de asuntos. Es decir, se restablecerán las Salas, pero bajo otra denominación.
Por lo demás, la “reforma a la reforma” no atiende de raíz los problemas ni se preocupa por mejorar la impartición de justicia.
Se mantienen los mismos comités de evaluación de candidatos, se reduce el número de las candidaturas, se reorganiza la elección en los ámbitos territoriales, y se insiste en la necesidad de la aplicación de programas de capacitación y actualización permanente de los juzgadores.
Aunado a esta iniciativa, la Presidenta impulsó también una reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para la creación de la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas dependiente del INE, con el objetivo de evitar que haya candidatos con posibles vínculos con la delincuencia organizada.
En lugar de responsabilizar de manera directa a los partidos para cuidar de forma rigurosa el prestigio y buenos antecedentes de los candidatos que postulen, se pretende que sea el INE el responsable de realizar un análisis de riesgo de los perfiles de las candidaturas a cargos de elección popular, desnaturalizándolo de la función de imparcialidad para la que fue concebido.
Todos los partidos han dejado de promover y mantener sus militancias. Prefieren reclutar a personas famosas y acaudaladas que muchas veces compran las candidaturas y financian sus propias campañas, sin importar de dónde provienen lo recursos; y a menudo sabiendo que estos son financiados por grupos dedicados a actividades ilegales.
De igual manera se procesó la aprobación de una iniciativa de reforma a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral para señalar que la intervención extranjera en las campañas es una irregularidad grave, que puede llegar a ser causal de anulación de la elección.
Ya los partidos tienen la obligación de rechazar toda clase de apoyo económico, político o propagandístico proveniente del extranjero; así como de abstenerse de actuar y conducirse sin ligas de dependencia o subordinación con partidos políticos, personas físicas o morales extranjeras, organismos o entidades internacionales.
Más bien pareciera que ante la posibilidad de que desde Estados Unidos aparezca información de malos comportamientos de candidatos y que eso llegara a afectar el resultado de la elección, se está creando esta causal —de muy ambigua redacción— que va a afectar la certidumbre del resultado de los comicios.
En resumen: la reforma al Poder Judicial dejará pasar otra oportunidad de mejorar las cosas y se convertirá en una simple y discutible reforma electoral.
Como Corolario, la frase de Montesquieu: “Las leyes inútiles debilitan a las necesarias”.
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