Feminismo en el discurso, resistencia en la ejecución.

Yessica De Lamadrid

La igualdad se celebra, hasta que altera al poder.

Marzo se ha convertido en un ritual político.

Edificios iluminados de morado, discursos solemnes, campañas que prometen igualdad, declaraciones institucionales que aseguran compromiso con las mujeres. La agenda de género ya no es marginal: es central. Ningún actor público compite hoy sin invocarla.

El problema no es lo que se dice en marzo. El problema es lo que no cambia en abril.

Durante las últimas décadas, el feminismo logró una transformación normativa histórica en América Latina. La igualdad formal está en constituciones, tratados internacionales y leyes secundarias. La paridad es regla electoral. La violencia de género es delito. Los derechos reproductivos forman parte del debate público. El lenguaje cambió. La norma cambió. El discurso cambió.

Pero el poder operativo —ese que ejecuta, sanciona, asigna presupuesto y hace cumplir las resoluciones— poco ha cambiado.

Y esa brecha ya no es un asunto simbólico. Es un problema de legitimidad.

Cuando la ley existe, pero no se ejecuta, el mensaje que recibe la ciudadanía no es jurídico; es político. Significa que el Estado promete más de lo que está dispuesto a cumplir. Significa que la igualdad funciona mejor como narrativa que como práctica. Y en política, las narrativas que no se sostienen en resultados terminan erosionando credibilidad.

Uno de los terrenos donde esta brecha se vuelve más visible es la justicia familiar. En el papel, la niñez es prioridad. El interés superior del menor es principio rector. La corresponsabilidad parental es obligatoria. En la práctica, miles de mujeres enfrentan expedientes que no avanzan, medidas cautelares que no se ejecutan y procesos que se diluyen en la espera.

La frase que muchas escuchan —“al final ustedes se van a arreglar con el hombre”— no es un desliz anecdótico. Es la expresión informal de una cultura institucional que sigue privilegiando la conciliación simbólica sobre la ejecución real.

El fenómeno de los deudores alimentarios revela algo más profundo que un incumplimiento individual. Muestra la resistencia estructural a sancionar cuando la sanción afecta un rol históricamente protegido. La ley prevé consecuencias; el sistema las administra con cautela. No por falta de normas, sino por inercia cultural, temor institucional o simple reproducción de un orden que no se siente cómodo alterando jerarquías tradicionales.

Aquí la discusión deja de ser únicamente de género y se convierte en análisis de poder. Porque el poder no se define por lo que enuncia, sino por lo que ejecuta. Y cuando la ejecución selectiva se vuelve patrón, la ciudadanía lo percibe.

El feminismo institucional ha logrado avances normativos innegables. Lo que no ha logrado plenamente es el control efectivo de los mecanismos de cumplimiento. Sin presupuesto suficiente, sin sanción automática y sin transformación cultural en operadores jurídicos, los derechos se vuelven performativos: existen, pero dependen de la voluntad de quien los aplica.

Y las mujeres no leen la política desde el boletín oficial. La leen desde la experiencia. Cada proceso judicial que se prolonga sin resolución. Cada incumplimiento que no tiene consecuencias. Cada exhorto a “negociar” en lugar de ejecutar. Es una grieta en el relato institucional.

En marzo, los discursos hablan de empoderamiento. En abril, muchas mujeres enfrentan desgaste administrativo. Esa distancia entre promesa y práctica no genera solamente frustración individual; produce desconfianza acumulativa.

Aquí aparece el componente estratégico que muchas campañas subestiman: el voto femenino no es homogéneo ni exclusivamente ideológico. Es experiencial. Se construye comparando discurso con realidad cotidiana. Cuando la narrativa de igualdad no se traduce en protección efectiva, el costo no siempre es protesta visible. A veces es silencio. A veces es abstención. A veces es voto de castigo.

La simulación es peligrosa no porque engañe permanentemente, sino porque tiene fecha de caducidad.

En política, los sistemas no se debilitan cuando son denunciados; se debilitan cuando dejan de ser creíbles. Y la credibilidad no se sostiene con conmemoraciones.

Existe además otra paradoja relevante. Muchas áreas vinculadas a justicia familiar o atención a víctimas están ocupadas mayoritariamente por mujeres. Sin embargo, la feminización institucional no ha implicado necesariamente transformación estructural. Porque el poder no cambia solo por composición demográfica; cambia cuando se redistribuyen incentivos, jerarquías y mecanismos de decisión.

El feminismo simbólico ilumina edificios. El feminismo estructural altera presupuestos, modifica protocolos, introduce sanciones automáticas y redefine responsabilidades. Lo primero es visible. Lo segundo es incómodo.

Y aquí radica el punto central: el feminismo ya no es una agenda sectorial. Es una prueba de estrés para el Estado. Donde funciona, fortalece legitimidad. Donde se simula, la erosiona.

Esto no es una acusación moral. Es un diagnóstico político. Cuando el lenguaje institucional avanza más rápido que la capacidad de ejecución, la brecha se vuelve insostenible. Y en América Latina, donde la confianza en las instituciones ya es frágil, cada promesa incumplida pesa doble.

Las mujeres no están pidiendo discursos más inspiradores. Están exigiendo coherencia operativa. No reclaman heroicidad individual; reclaman sistemas que funcionen sin depender de la paciencia o del desgaste de quien insiste.

Marzo seguirá ofreciendo imágenes impecables. Pero la legitimidad no se fotografía; se ejecuta.

El feminismo dejó de ser una agenda que el poder puede administrar simbólicamente. Se convirtió en el punto exacto donde se mide su coherencia. Donde el Estado duda en sancionar, donde la ejecución se diluye en conciliaciones eternas, donde el cumplimiento depende del desgaste de quien insiste, el mensaje ya no es técnico: es político.

La igualdad es celebrada… hasta que implica alterar estructuras reales.

Y ahí, el sistema titubea. Ese titubeo es el síntoma.

Porque las mujeres ya no leen los discursos: leen la experiencia.

No evalúan consignas: evalúan consecuencias.

No se movilizan por iluminación institucional: se movilizan —o se retiran— según lo que ocurre cuando nadie está mirando.

Un poder que nombra la igualdad pero evita ejecutarla no es progresista. Es performativo.

Y la performatividad sostenida se convierte en simulación. La simulación, cuando se vuelve visible, no solo incomoda: erosiona.

Erosiona confianza.

Erosiona credibilidad.

Erosiona autoridad.

Y un poder que pierde autoridad mientras pronuncia discursos impecables entra en una zona peligrosa: la de la irrelevancia moral.

En política, los sistemas no caen por lo que prometen.

Caen cuando se vuelve evidente que no tienen la voluntad de cumplirlo.

Marzo no es la prueba. La prueba empieza en abril.

Si la igualdad incomoda más en la ejecución que en el discurso, entonces nunca fue un problema cultural: fue un problema de voluntad política.

Las opiniones expresadas en este artículo son exclusiva responsabilidad del autor y no reflejan necesariamente la postura editorial de Cadena Política. El contenido ha sido publicado con fines informativos y en ejercicio de la libertad de expresión.