Pros y contras de la reforma judicial
Por: Pedro Isnardo De la Cruz y Juan Carlos Reyes
Un requisito esencial para atraer inversión es la certeza que otorga el sistema
de solución de controversias.
La inversión es toral para alcanzar el crecimiento económico.
Sin crecimiento económico reducir la pobreza es inviable.
En ese sentido es positivo que la Presidenta Sheinbaum haya enviado al
Congreso de la Unión una iniciativa de reformas a la Constitución General de
la República en materia del Poder Judicial Federal.
Para efectos de su discusión y aprobación se ha dispuesto de un período
extraordinario de sesiones que inicia el martes 26 de mayo. La iniciativa del
Gobierno se suma a otras presentadas por otros legisladores opositores.
La iniciativa presenta diversas confusiones conceptuales sobre todo en lo que
tiene que ver con la democracia.
¿Es más democrático que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo formulen
propuestas para integrar el Poder Judicial? ¿No es más democrático que el
Poder Judicial se integre por propuestas emanadas del propio Poder Judicial?
¿Cómo garantizar autonomía y libertad jurisdiccional para actuar a los
miembros del Poder Judicial si las reglas las determinan otros poderes?
¿Reinterpretar la teoría constitucional de división de poderes es hoy más
democrática que continuará con siglos de tradición?
Sobre todo si en el proceso electoral ¿sobreactuan partidos y grupos políticos
señalados de ser producto de candidaturas mediante acordeón?
¿Un poder judicial integrado por jueces electos por acordeón genera mayor
certidumbre a la inversión extranjera?
La iniciativa retoma una figura jurídica propuesta por nosotros hace más de
15 meses cuando hablamos de distrito electoral judicial como una fórmula
que permite elegir por demarcación juzgadores: vemos con muy buenos
ojos que ahora tomen en cuenta esta figura.
En la exposición de motivos de la Iniciativa presentada por el Ejecutivo federal
leemos: “La Cuarta transformación ha sostenido que una de las causas
estructurales de la impunidad y la falta de justicia ha sido precisamente, el
distanciamiento entre la sociedad y las autoridades judiciales”.
De lo cual disentimos porque la principal crítica de la sociedad hacia el
aparato de procuración y administración de justicia es, sin duda, hacia las
fiscalías locales y hacia la FGR.
Rescatamos positivamente la propuesta de reducir candidaturas y de
postergar el proceso electivo hasta el 2028.
A su vez, la Escuela Nacional de Formación Judicial será responsable de emitir
un certificado que valide las competencias técnicas de los aspirantes a
jueces. Ahí se resolverá la mitad del problema.
La otra parte sustancial seguirá siendo la idoneidad e integridad ética de
quienes resultan elegibles al poder judicial popular, toda vez que quedó
demostrado que los comités seleccionadores no acreditaron la solvencia del
proceso anterior, ya su vez, el que ha de desenraizar, ante los ojos del país,
como parte del nuevo sistema político hacia la democratización del poder
judicial, la praxis del acordeón.
Pedro Isnardo De la Cruz es Doctor en Ciencias Políticas y Sociales y profesor en
la UNAM. Publicó en 2017 Decisiones estratégicas presidenciales en EUA: El
aprovechamiento de la ocasión en crisis de Seguridad nacional y Terrorismo.
George W. Bush y Barack Obama (2001-2012).
Juan Carlos Reyes Torres es Licenciado en Derecho por la Universidad
Iberoamericana, con estudios en Ciencia Política y Administración Pública por
la UNAM y profesor de Teoría del Estado.
Coautores de Para entender la 4T (2019), con el sello editorial de Stonehenge
México.
