Policías suspendidos tras protesta juvenil en CDMX

Autoridades revisan actuar policial en movilización masiva

Las autoridades de la Ciudad de México iniciaron una revisión completa sobre el operativo realizado durante la protesta del 15 de noviembre, donde miles de jóvenes participaron para exigir mejores condiciones de Seguridad Pública. Desde el inicio de la investigación, la discusión creció porque ciudadanos y colectivos señalaron un uso excesivo de la fuerza que afectó el desarrollo de la movilización. Además, asociaciones civiles reclamaron mayor transparencia después de que varios videos circularon en redes sociales.

Por otra parte, el secretario de Seguridad, Pablo Vázquez, informó que 18 elementos quedaron bajo investigación y que siete de ellos recibieron suspensión inmediata. Según la información difundida, estos siete policías participaron en agresiones directas contra asistentes de la marcha. Mientras tanto, familiares de los jóvenes afectados acudieron a instancias legales para solicitar seguimiento puntual a cada caso, lo que aumentó la presión pública.

A lo largo de la mañana siguiente, organizaciones defensoras de derechos humanos acompañaron testimonios de manifestantes que estuvieron en el bloqueo frente a Palacio Nacional. Además, diversos colectivos detallaron que advirtieron un ambiente de tensión desde antes de que iniciara la concentración principal. Según estos grupos, varios uniformados actuaron sin protocolos claros y complicaron la labor de observadores civiles.

De forma paralela, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció una revisión completa del operativo. La mandataria capitalina aseguró que cada señalamiento será atendido y que su administración dará seguimiento puntual. Además, reiteró que la ciudad debe garantizar espacios seguros para cualquier expresión pública, por lo que pidió colaboración institucional para evitar nuevos incidentes.

Mientras avanzan las indagatorias administrativas, la Fiscalía capitalina mantiene detenidas a 18 personas relacionadas con los disturbios. Según los primeros reportes, un bloque de manifestantes derribó las vallas que protegían Palacio Nacional y provocó un enfrentamiento con los uniformados que custodiaban la zona. Después de ese momento, los incidentes se extendieron hacia otras calles del Centro Histórico.

Junto con estas detenciones, periodistas y fotógrafos denunciaron agresiones que dificultaron la cobertura del evento. En consecuencia, asociaciones de prensa solicitaron medidas especiales de protección. Además, analistas en derechos civiles destacaron que este caso debe marcar un precedente para revisar los protocolos que regulan el control de multitudes y el respeto al derecho a la libre manifestación.

El caso continúa bajo observación pública, ya que distintos sectores pidieron claridad sobre cada actuación policial y exigieron garantías para futuras movilizaciones. Finalmente, el gobierno capitalino reiteró que mantendrá una postura abierta al diálogo para reconstruir la confianza ciudadana y fortalecer la Seguridad Pública en la capital.