Por: Irene Muñoz
México se prepara para recibir el evento más visto del planeta. La Copa Mundial de la FIFA 2026 promete millones de visitantes, una derrama económica sin precedentes y un escaparate internacional para mostrar lo mejor de nuestras ciudades. Pero hay una pieza del rompecabezas que sigue fuera de control, el hospedaje temporal. Las plataformas como Airbnb, Booking y Vrbo se han convertido en una solución flexible para ampliar la capacidad de alojamiento, pero también en un terreno donde la regulación llega tarde y los riesgos crecen rápido.
Actualmente, México no cuenta con estadísticas oficiales que permitan identificar la incidencia delictiva en alojamientos ofrecidos a través de plataformas como Airbnb. Ni el INEGI ni el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública registran los delitos según el tipo de hospedaje. En la práctica, si ocurre un robo, agresión, violación o una estafa dentro de una vivienda rentada por aplicación, el hecho se clasifica como “fraude”, “robo” o “lesiones” genéricas, sin precisar que el delito ocurrió en un inmueble turístico.
Esta falta de precisión en los registros impide dimensionar el problema con exactitud, aunque los indicios muestran un patrón evidente, la mayoría de los incidentes relacionados con alojamientos turísticos no son de violencia física, sino de naturaleza económica. Fraudes, suplantaciones de identidad y estafas vinculadas a rentas vacacionales encabezan las denuncias. En destinos como Tulum, Playa del Carmen y la Ciudad de México se han multiplicado los casos de anuncios falsos, propiedades inexistentes o cancelaciones repentinas que dejan a los viajeros sin hospedaje y sin respuesta. El Mundial de Futbol FIFA 2026 representa una oportunidad inmejorable para que México establezca reglas claras y mecanismos de control que corrijan esta vulnerabilidad antes de que escale.
Sin embargo, el riesgo más grave no radica en las pérdidas económicas, sino en la falta de trazabilidad. Cada alojamiento no registrado se convierte en un punto ciego para las autoridades, en un espacio fuera del radar que puede ser utilizado para fiestas clandestinas, actividades ilícitas o, simplemente, para alojar a personas sin control de identidad. La Ciudad de México reconoció en 2024 que la regulación era “absolutamente necesaria” y que el retraso en el padrón de anfitriones había dejado un vacío de seguridad. En un país donde la tasa nacional de delitos supera los 34 mil por cada 100 mil habitantes, según datos del INEGI, resulta ingenuo suponer que el turismo puede mantenerse al margen de esa realidad.
Los países que ya enfrentaron esta curva de aprendizaje lo entendieron rápido. España, Francia, Portugal o Nueva York exigen que cada inmueble cuente con un número de registro único, certificado de seguridad y seguro de responsabilidad civil. Las plataformas están obligadas a mostrar ese folio y retirar de inmediato los listados que no lo tengan. Es un sistema de doble verificación: el Estado sabe quién renta, y el huésped sabe que el alojamiento es legal y seguro. México debería aplicar el mismo principio, sobre todo antes del Mundial.
Un destino ideal, con Airbnb incluidos, requiere condiciones mínimas. Todo anfitrión debe estar inscrito en un registro público, con identidad verificada y domicilio comprobado. Las propiedades tienen que cumplir normas de protección civil como son detectores de humo, extintores, lámparas de emergencia, señalización de salidas, instalaciones eléctricas seguras, entre otros, y tener límite de ocupación claro. Además, es indispensable el registro de huéspedes, no por burocracia, sino por seguridad; saber quién entra y quién sale reduce el riesgo de hacinamiento, fraudes o uso indebido del inmueble.
También debe haber compatibilidad de uso de suelo. No todas las colonias deben convertirse en zonas turísticas improvisadas. Cuando la vivienda permanente se reemplaza por alquiler de corta estancia, el tejido vecinal se debilita y crecen las tensiones por ruido, sobreocupación o falta de estacionamiento. Las ciudades inteligentes han entendido que la convivencia es tan importante como la rentabilidad.
El componente tecnológico es otro pilar. Las plataformas poseen la información que puede salvar vidas y prevenir delitos ya que cuentan con la identidad de huéspedes, movimientos de reservas, patrones de conducta. Si esa información se comparte con las autoridades bajo protocolos de privacidad, los municipios podrían anticipar riesgos y actuar a tiempo. La tecnología que se usa para cobrar puede servir también para proteger.
Regular no es prohibir. Regular es darle legitimidad a una actividad que ya existe y que genera ingresos a miles de familias, pero sin reglas claras, los beneficios económicos pueden transformarse en vulnerabilidad urbana. Durante el Mundial, cualquier incidente grave como un fraude masivo, un accidente o un hecho violento en un alojamiento irregular, se convertirá en una noticia negativa global, y la reputación turística y de seguridad de México, no puede permitirse ese error.
El país tiene la oportunidad de ser un caso ejemplar, innovador, ordenado y seguro. Para lograrlo, las tres sedes del Mundial deben adoptar un marco común de registro, seguridad, verificación y corresponsabilidad con las plataformas digitales. No se trata de multiplicar trámites, sino de blindar la confianza.
Nuestro país siempre se ha caracterizado por su hospitalidad. En 2026, esa hospitalidad debe ir acompañada de profesionalismo y control. Que cada visitante encuentre no solo una cama donde dormir, sino un entorno seguro, regulado y confiable. Porque la verdadera imagen de un país no se construye en los estadios, sino en los hogares temporales o no, donde el visitante se siente bienvenido.
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