Justicia en manos del vecino
Por: Liébano Sáenz
La sospecha no incrimina. La presunción de inocencia es un valor superior frente a un ambiente público que convierte en culpable a quien no ha sido oído ni vencido en juicio. Una acusación, por grave que sea, no equivale a una sentencia; menos aún el prejuicio o la maledicencia.
El régimen fue el primero en quebrantar ese principio. AMLO recurrió sin recato a la acusación fulminante. Opositores, críticos o cualquiera que no se aviniera a su dictado era señalado como traidor a la patria o corrupto. Ni siquiera las resoluciones judiciales lo contuvieron. La práctica se normalizó.
El propio poder deterioró la credibilidad de la FGR. Ahora que autoridades estadunidenses formulan cargos muy graves contra diez funcionarios de Sinaloa, México carece de instituciones confiables para investigar y, en su caso, sancionar a los responsables, particularmente cuando se trata de figuras vinculadas a Morena.
Con todos sus defectos, el sistema anterior procesó y condenó a servidores públicos de alto nivel. En los últimos años no se observan casos equivalentes. Cuando comenzó el proceso contra García Luna, cuya condena el oficialismo ha utilizado descaradamente como ariete contra el PAN, ni siquiera existía en México una investigación penal en su contra. Es un pésimo precedente que la justicia corra por cuenta del vecino. Eso también lesiona la soberanía.
Los diez acusados tienen derecho al debido proceso, pero la presunción de inocencia no obliga a la ingenuidad. Las imputaciones recaen sobre personajes cuyas conductas, vínculos y complicidades han sido objeto de señalamientos públicos. La cuestión no es defenderlos, sino preguntarse por qué la justicia mexicana decidió no ver, no investigar y no actuar. Mientras aquí prevalecieron el silencio y la protección, del otro lado se integraron
los expedientes.
Al gobierno le resulta difícil reclamar jurisdicción preferente después de casi ocho años de omisiones y frente a una fiscalía y un Poder Judicial sin autonomía, credibilidad ni profesionalismo. Cuando la justicia renuncia a investigar, la sospecha deja de ser una pregunta para convertirse en certeza pública. El mayor daño no es que Estados Unidos juzgue a mexicanos, sino que México haya protegido a quienes estaba obligado a investigar.
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