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Por : Ricardo Homs

En cualquier país del mundo los niños

representan el futuro. Sin embargo, en México

no hay una política gubernamental de

protección a la niñez realmente eficiente, para

alejarla de los riesgos y peligros que

continuamente la vulneran.

México es uno de los países con mayor

número de abusos sexuales en contra de niñas

y niños, lo cual es un problema tolerado

socialmente desde siempre. Las cifras son

contundentes. En 2024 la OCDE estimó que en

México 5.4 millones de niños son abusados

sexualmente cada año, poniendo a nuestro

país a la cabeza de este grave problema social.

Sin embargo, son delitos que tienen una tasa

muy baja de denuncias pues sólo cien de cada

mil se presentan ante la autoridad.

Ahora los cárteles, -sabiendo que la niñez es

un segmento de edad protegido, que no

puede ser castigado por actos delictivos con el

rigor de un adulto-

, ha convertido a niñas y

niños en un objetivo de reclutamiento. Así se

convierten en “carne de cañón”.

Es grave la denuncia publicada por El

Universal, -a través de un reportaje de Luis

Carlos Rodríguez- respecto al desinterés de

muchas legislaturas que han dejado en el aire

proyectos legislativos ya desarrollados, paracastigar con severidad a quienes recluten

niños para actividades delictivas.

Desde el año 2012 el senador Arturo Zamora

presentó un proyecto para castigar

severamente el reclutamiento, el cual ha

hibernado en todas las legislaturas

posteriores, mientras otros más se han ido

integrando en el mismo sentido, sin tener

continuidad.

En este 2025 ha habido propuestas de ley de

los diputados Rubén Moreira (PRI), y Héctor

Saúl Téllez, (PAN), así como de la senadora

Laura Esquivel, (PAN), que aún no han sido

aprobadas.

REDIM, -la Red por los Derechos de la Infancia-

, estima que cada año son reclutados 30 mil

niños y niñas por la delincuencia organizada.

Desde 2011 el Comité de los Derechos de los

Niños, -de la ONU-

, pidió al gobierno de

México atendiera esta problemática, que

desde entonces, -y hasta hoy-

, ha sido

ignorada.

Como sociedad nos hemos acostumbrado

tanto a la violencia que nos hemos vuelto

insensibles frente a los dramas que esto

significa.

Evidentemente castigar el reclutamiento no va

a tener consecuencias inmediatas. Sin

embargo, es un requisito que se debe cumplir

para penalizar esta deleznable práctica y tener

un punto de partida jurídico.

Además, se deben tener estrategias diseñadaspor profesionales de las ciencias sociales para

definir acciones que impidan el reclutamiento.

Es evidente que este grave problema está

mayormente extendido en los sectores

sociales de mayor vulnerabilidad económica,

donde la atención familiar está focalizada en la

sobrevivencia diaria y en la salud, pues la

educación para estas familias es un lujo.

La problemática del reclutamiento infantil y de

la violencia es muy compleja, pero no se podrá

resolver si se le ignora, y no puede ser

delegada en gente improvisada en el tema.

Los diagnósticos deben ser muy puntuales y

realizados por especialistas, de forma

regionalizada.

Las entrevistas realizadas a niños sicarios

muestran la complejidad psicosocial que está

detrás.

Es un tema que no se debe posponer y no sólo

quedar en el ámbito legislativo. Debe

instrumentarse un gran proyecto

multisectorial para proteger a la niñez.

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO

Los médicos del Hospital Infantil Federico

Gómez han alertado el gran problema de falta

de presupuesto para operar debido a la

burocracia administrativa en la Secretaría de

Hacienda. Este hospital del sector público

atiende mayormente a los niños de los

sectores más vulnerables del país, donde se

realizan cirugías complejas desde hace muchos

años habiendo salvado muchas vidas.Sin embargo, hoy carecen de lo básico para

realizar cirugías y por ello se han dirigido a la

presidenta Claudia Sheinbaum presentando un

oficio, del cual ya dieron acuse de recibido en

las oficinas de la presidencia, así como al

Congreso y otras dependencias.

En este régimen que se precia de humanista,

desde que llegó a gobernar López Obrador se

han privilegiado los temas económicos y los

ahorros por encima de las necesidades de los

ciudadanos y los riesgos.

Los médicos de este hospital, -de gran

experiencia y mucho sentido de

responsabilidad-

, dan la voz de alerta y no

debemos dejar de respaldarlos, pues los niños

deben ser la primera prioridad nacional.

SIMÓN LEVY

Toda la operación policiaca internacional en

contra de Simón Levy, -como si fuera un gran

criminal-

, muestra una “operación de estado”

contra un opositor que abiertamente ha

criticado actos de corrupción de gente cercana

al expresidente López Obrador. Quizá de ahí se

deriva el interés por desacreditarlo,

convirtiéndolo en delincuente frente a la

opinión pública, para que sus acusaciones

pierdan credibilidad pública y sean ignoradas

por la ciudadanía.

Los hechos demandados por los que se le

persigue como peligroso delincuente son dos:

la construcción de un edificio en la que

supuestamente se incumplieron algunasregulaciones ambientales y un conflicto con

una vecina.

En este país con tantos delitos graves

cometidos por políticos poderosos, -que aún

están en funciones legislativas-

, a los que no

se les ha abierto siquiera investigación, utilizar

estos dos argumentos en contra de Simón Levy

describe como opera nuestro sistema de

justicia: es tolerante y encubridor con los de

casa e implacable con los opositores.

Respecto a la construcción del edificio, en una

entrevista que se le realizó, Levy afirma que

nunca ha sido propietario de ese bien raíz, lo

cual es lo primero que debiese investigarse.

OMAR GARCÍA HARFUCH

El atentado contra Omar García Harfuch de

hace unos días evidencia que la lucha contra la

delincuencia, -por parte de este gobierno-

, va

en serio.

Sin embargo, el enemigo no sólo está afuera,

sino dentro de las mismas instituciones

vinculadas con la procuración de justicia.

Gente que obstruye los operativos o que alerta

a los delincuentes para que se escondan

cuando va a haber alguna detención. Debe

haber mucha gente comprometida con los

delincuentes, ubicada en áreas estratégicas.

Así es como se han infiltrado, comprando

conciencias repartiendo dinero.

Mientras no se empiecen a limpiar las fiscalías

y los cuerpos policiacos de gente

comprometida con la delincuencia, esta luchaserá de gran riesgo, pero no debe haber

marcha para atrás, pues conforme pase el

tiempo será más difícil combatir a los cárteles.

La delincuencia ha infiltrado todo… hasta la

política y el entramado del caso Tabasco lo

confirma.

DE VÍCTIMA A DENUNCIADA

El caso de la policía de investigación Rosalinda

Ávalos, -quien trabajaba en la fiscalía de San

Luís Potosí-

, ejemplifica ésto. Después de

haber descubierto en 2020 a dos de sus

compañeros policías conduciendo un auto

robado y habiéndolo denunciado a sus

superiores, -sin que estos tomasen las

acciones pertinentes en contra de los policías

acusados-

, y además le exigieran cerrar la

investigación, ella, -con sentido de

responsabilidad-

, decidió por su cuenta

continuar sus indagatorias, pues había una

investigación en contra del denominado

“cartel de la ministerial” formado por policías

en activo, sus compañeros.

A cambio de ello recibió amenazas que

subieron de tono hasta que dos sus hijos

fueron asesinados en su propia casa en un

ataque directo, del que ella y uno de sus hijos

logró salvarse.

Su sorpresa fue que en las pasadas elecciones

judiciales uno de los policías a los que ella

acusa del asesinato de sus hijos estaba

contendiendo con muchas posibilidades para

ser juez penal de su estado.Con las pruebas en la mano se presentó en la

sesión en la que el Congreso de San Luís Potosí

armaba las listas de candidatos y logró

convencerlos de eliminarlo.

Sin embargo, este expolicía ministerial decidió

vengarse de ella y la demandó penalmente por

daños, y puso de testigos a miembros de un

poderoso cártel, con el evidente objetivo de

infundirle miedo, pues la amenazó de quitarle

judicialmente el patrimonio que en muchos

años de trabajo ha construido.

¿Y la Fiscalía de San Luís Potosí de qué lado se

pondrá? ¿La protregerán?

Esto sólo pasa en México.

¿A usted qué le parece?

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