Tribunal ordena reformas en Código Penal
Colectivos feministas advirtieron que el Congreso de Durango debe atender la resolución de un tribunal federal que ordena despenalizar el aborto en la entidad. La sentencia, emitida en julio, instruyó al Poder Legislativo a derogar los artículos 148, 149 y 150 del Código Penal local, los cuales criminalizan la interrupción del embarazo.
De acuerdo con el fallo, los legisladores tienen como plazo el actual periodo ordinario de sesiones para realizar los cambios. La disposición no requiere someter el tema al Pleno, sino eliminar directamente las disposiciones consideradas inconstitucionales.
En conferencia de prensa, representantes de organizaciones recordaron que 24 estados del país ya despenalizaron el aborto y que solo siete entidades mantienen sanciones penales. En este contexto, remarcaron la obligación de Durango de alinearse con la tendencia nacional y garantizar los derechos reproductivos.
Colectivos exigen cumplimiento de la sentencia
Durante el encuentro con medios, Julieta Hernández Camargo, activista feminista, recalcó que la resolución busca proteger no solo a las mujeres y personas gestantes, sino también a médicas, médicos, enfermeras y acompañantes que participan en procedimientos de aborto.
Explicó que esta medida forma parte de la estrategia jurídica nacional impulsada por el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE). El objetivo es retirar el aborto como delito en todos los códigos penales y consolidarlo como un servicio de salud esencial.
Las voceras enfatizaron que el Congreso debe atender la sentencia para dar seguridad a quienes decidan interrumpir un embarazo. Además, la Secretaría de Salud estatal tiene el deber de garantizar la prestación del servicio de manera accesible y segura.
Posibles sanciones a legisladores
Los colectivos detallaron que, de no cumplir con el mandato judicial, los servidores públicos involucrados podrían enfrentar sanciones severas. Estas van desde multas de 100 a mil días de salario mínimo, hasta la separación del cargo, con penas de cinco a diez años de prisión. También se contempla la destitución o inhabilitación para ocupar otro empleo o comisión pública.
En el marco del Día de Acción Global por el Aborto Legal, las organizaciones reiteraron su llamado al Congreso de Durango a respetar la resolución y garantizar el derecho a decidir de mujeres y personas gestantes. Señalaron que el cumplimiento de la sentencia no admite postergaciones y que el Poder Legislativo debe asumir su responsabilidad antes de que finalice el periodo en curso.
