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Por: Azul Etcheverry

La violencia que irrumpió en el CCH Sur no es simplemente un suceso aislado, sino una alerta contundente: el vacío emocional y el silencio ante las fragilidades mentales pueden gestar tragedias. Un joven de 19 años, envuelto en su propia soledad, decidió llevar al extremo sus ideas radicales tomadas de foros en línea y transformarlas en un acto irreversible. Esa transición —de pensamiento a acción— debería obligarnos a reflexionar sobre cómo escuchamos, acompañamos y protegemos a quienes atraviesan crisis interiores.

El caso muestra una intersección inquietante entre el universo digital y la vida real. Lo que muchos llaman “comunidades incel” no son meros espacios de discurso, sino estructuras simbólicas que refuerzan el odio, la desesperanza y la indiferencia hacia sí mismos y hacia otros. Para un joven aislado, esos discursos pueden convertirse en espejos deformantes: le hablan de reivindicación, de “dar a conocer” su dolor, de construir un acto con propósito, aunque ese propósito termine siendo destructivo.

En esa construcción simbólica, el agresor armó un guion que imitó modelos precedentes: vestimenta intimidatoria, símbolos violentos, publicaciones que pronosticaban su acto. Esa puesta en escena evidencia que estos discursos no son sólo palabras vacías: tienen guiones y estéticas, rituales de dramaturgia que conectan con quienes los consumen. La violencia se vuelve espectáculo, medio para un mensaje personal que él creyó que debía proyectarse al mundo.

Pero este episodio también nos habla del entorno que rodea a los jóvenes. Cuando la escuela, la familia o la comunidad no actúan como espacios de contención emocional, algunos jóvenes giran su brújula hacia rincones peligrosos. No siempre reciben el auxilio —o la escucha— en momentos de duda, frustración o depresión. La agresión no surge de la nada, nace cuando los avisos previos son invisibilizados o mal entendidos.

En un plantel educativo, la comunidad vive —después del hecho— un trauma compartido: rostros de incredulidad, miedos latentes, interrogantes urgentes sobre seguridad, confianza y normalidad. Los estudiantes que sobrevivieron, los que presenciaron, los que regresan al aula: todos cargan una huella emocional que no se disipa en el sonido de las campanas. Esa herida colectiva exige interlocución social, acompañamiento psicológico, espacios de diálogo que reconozcan la vulnerabilidad humana.

No se trata de fijar culpas individuales como respuesta principal, sino de repensar el entramado que permite que una persona llegue hasta allí. Es urgente construir redes protectoras: en las escuelas programar acompañamientos, dotar de salud mental profesional, capacitar a docentes para reconocer señales de alarma, promover una cultura de empatía que prevenga la radicalización silenciosa. Si no, quedamos bajo riesgo de que otros capítulos similares aparezcan, con distintos nombres y escenarios.

La memoria de la víctima nos reclama también que hablemos del sentido mismo de la violencia juvenil: no sólo como noticia escabrosa o tragedia sensacionalista, sino como síntoma social profundo. Nos interpela para revisar nuestra relación con el dolor humano, con la masculinidad herida, con las angustias que no suelen expresarse. No podemos permitirnos cosificar al agresor como monstruo aislado: debemos comprender las rutas que lo llevaron hasta allí, sin celebrarlo, pero sin ignorarlo.

La tarea es colectiva. Si queremos que un solo joven no vuelva a sentir que su último acto debe gritar para ser escuchado, debemos ofrecerle otras formas de expresión. Que las escuelas sean espacios de asilo emocional, que la comunidad responda sin juicio, que la cultura política y educativa se comprometa con el tejido humano detrás de los titulares. Porque detrás de cada tragedia así hay un reclamo silente, y responderle a ese reclamo es apertura necesaria hacia la vida.


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