Vivir entre ruinas de un país amado

Gildardo López Hernández

En México hemos aprendido a vivir entre ruinas invisibles. Calles llenas de baches que parecen cráteres lunares; carreteras donde viajar es un albur entre asaltos, accidentes o bloqueos; hospitales donde la medicina más básica brilla por su ausencia; escuelas con techos que se caen y pupitres que apenas sostienen. Todo esto ocurre a plena luz del día, frente a millones de ciudadanos que lo padecen, y, sin embargo, nada pasa. Se abre el escándalo, estallan las exigencias, pero pronto la indignación se apaga y la vida sigue. La tragedia se convierte en rutina.

El accidente de la pipa de gas fue un ejemplo brutal de esta dinámica: un instante de horror, una avalancha de reclamos en redes, la exigencia de que se deslinden responsabilidades. Y después, como tantas veces, el silencio. La indignación en México tiene fecha de caducidad: lo que debería convertirse en causa común se diluye en resignación. Aprendimos a convivir con el desastre y a dejar que el escándalo sea solo un paréntesis en la normalidad.

Lo mismo ocurre con las fuerzas de seguridad: policías capturados en video extorsionando, militares vinculados a ejecuciones extrajudiciales, cuerpos de élite embarrados en redes de narcotráfico. Se encienden titulares, se prometen investigaciones, se anuncian castigos ejemplares. Y, sin embargo, los casos se pierden en la maraña burocrática. La sospecha sobre quienes deberían garantizar nuestra seguridad se convierte en otro ingrediente de la resignación nacional.

Mientras tanto, los programas sociales cumplen una función ambivalente. Para millones son un alivio real, un ingreso mínimo en medio de la precariedad. Pero también se han convertido en anestesia política: un flujo de recursos que calma la rabia y desplaza la exigencia de bienes públicos. La gente aguanta la corrupción, la impunidad y hasta la violencia desenfrenada porque siente que, al menos, algo recibe. El Estado no garantiza carreteras seguras ni hospitales dignos, pero entrega dinero en mano. Y eso basta para mantener la estabilidad del sistema.

A ello se suma la obscena ostentación de políticos enriquecidos por la corrupción. Viajes de lujo, relojes millonarios, autos de colección, mansiones con acabados dorados, fiestas desbordadas: todo mostrado sin pudor en redes sociales o en notas de sociales, como si fuera parte del paisaje normal. El contraste es brutal: un país con hospitales vacíos y escuelas en ruinas, gobernado por élites que exhiben su riqueza ilícita con cinismo. Pero aquí tampoco pasa nada. La indignación dura unas horas, tal vez unos días, antes de que el espectáculo de la impunidad vuelva a imponerse.

El problema es que ese pacto tácito es profundamente destructivo. Sustituir servicios de calidad por transferencias en efectivo erosiona la confianza ciudadana y debilita las instituciones. Se instala la lógica del “mal menor”: aceptar la precariedad porque el colapso parece inevitable. El resultado es una sociedad que normaliza la catástrofe cotidiana y un Estado que perpetúa su incapacidad de resolverla.

La corrupción y la impunidad no se sostienen solo en las élites políticas, sino también en esa resignación colectiva. Mientras la indignación se extinga rápido, mientras la dádiva compense el deterioro y el cinismo de los poderosos sea tolerado, la rueda seguirá girando: nuevas tragedias, nuevos escándalos, nuevas exigencias… y otra vez el silencio. El verdadero drama de México no es solo que las cosas funcionen mal, sino que hemos aprendido a vivir con ello como si fuera lo natural.

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