Deuda, impuestos y engaños
por Vidal Garza Cantú
El Paquete Económico 2026 de México contiene una paradoja difícil de ignorar. Mientras el Gobierno estima un déficit fiscal de 4.1 por ciento del PIB, se compromete a destinar el 3 por ciento del PIB a sus programas sociales. Así, dichas transferencias de dinero parece que no se financian con ingresos tributarios, sino con deuda. En otras palabras, se promete bienestar social con recursos prestados.
Se propone un aumento del 86 por ciento al IEPS de bebidas azucaradas y no calóricas para combatir la obesidad, generando 40 mil millones de pesos. Sin embargo, en un presupuesto federal superior a 10 billones, este ingreso es marginal, similar a las pérdidas mensuales de Pemex.
La medida distorsiona la economía de productores, comercios y consumidores, con daños que superan su recaudación y sin resolver los problemas de salud pública.
Desde 2014, las bebidas saborizadas pagan un IEPS que ha subido 64 por ciento en 10 años. Aunque el consumo cayó 25 por ciento, la obesidad y diabetes no disminuyeron, según ENSANUT. Esto se debe a que los refrescos aportan solo 6 por ciento de las 2 mil 300 calorías diarias consumidas por mexicanos, y hay sustitutos no gravados como aguas frescas.
Reducir el consumo de refresco un 7 por ciento como busca el Gobierno disminuiría apenas 11 calorías diarias. Un aumento del impuesto no combate las causas de la obesidad, solo incrementa la recaudación. Es retórica conveniente por la salud, pero sin efectos en ella.
Para colmo, la Secretaría de Salud tendrá un recorte de gasto en 2026. Esto representa desde 2022 (de 193 a 66 mil millones) 63 por ciento menos recursos. El IMSS-Bienestar no cubre vacunación, vigilancia epidemiológica ni políticas contra la obesidad, prioridad gubernamental. Programas como “Salud casa por casa” los gestiona la Secretaría de Bienestar fuera de la de Salud.
La experiencia internacional muestra que los impuestos a bebidas azucaradas tienen efectos limitados. En Francia, vigente desde el 2012, el consumo cayó brevemente, pero volvió a niveles previos sin impacto en la salud, afectando más a consumidores de bajos ingresos, como en México. En Italia desde el 2019, el “sugar tax” encareció productos sin reducir absolutamente en nada la obesidad.
En EU, los recursos de ese impuesto no se destinaron a salud, con mínimo impacto en obesidad y perjuicio a minoristas. En Sudáfrica (2018), un impuesto del 11 por ciento redujo inicialmente el consumo, pero no la obesidad, causando encarecimiento y pérdida de empleos. Alemania y Dinamarca quitaron el impuesto al darse cuenta que causaba más daño a la economía que beneficios a la salud.
El fondo del asunto es más grave: mientras se discute el impuesto a las bebidas azucaradas, el presupuesto mantiene zonas opacas. De un gasto público equivalente al 29 por ciento del PIB, la atención se destina al déficit y a los programas sociales, pero nadie cuestiona qué ocurre con el 26 por ciento restante. En esas partidas está el verdadero corazón del gasto público: subsidios opacos, gasto corriente ineficiente, transferencias poco transparentes y proyectos de inversión que no siempre generan el retorno social esperado.
Un país no se fortalece con presupuestos basados en ficciones ni con discursos retóricos que ocultan la realidad. Lo verdaderamente dañino para la nación no es el IEPS a refrescos en sí mismo, sino el uso de estas medidas como cortina de humo para encubrir la falta de responsabilidad fiscal y de transparencia del gasto.
A Nuevo León, el presupuesto federal 2026 lo beneficiará en más del 5 por ciento, también deberían cuestionarse el destino que le darán a todo el gasto estatal.
México necesita un debate serio sobre la calidad de su presupuesto. Ello implica preguntarse no sólo cuánto se recauda, sino en qué y cómo se gasta. Una discusión madura debería colocar en el centro la eficiencia del gasto público, la transparencia y la rendición de cuentas. Si el objetivo es mejorar la salud y el bienestar social, el camino es invertir mejor, no imponer impuestos ineficaces ni endeudarnos para financiar programas que, aunque populares y electoreros, comprometen el futuro fiscal del País.
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