Colombia en el espejo
Por: Gildardo López H.
Durante muchos años Colombia ocupó un lugar singular dentro de América Latina. Mientras buena parte de la región discutía sobre transiciones democráticas, reformas económicas o alternancias políticas, Colombia enfrentaba desafíos que parecían pertenecer a otra categoría: guerrillas, narcotráfico, violencia política y extensas regiones donde la presencia efectiva del Estado era permanentemente disputada.
Esa singularidad llevó a muchos latinoamericanos a observar a Colombia como una excepción. Sin embargo, la reciente elección presidencial invita a una lectura diferente. Lo que hoy ocurre en Colombia resulta interesante precisamente porque deja de parecer excepcional. Varias de las tensiones que atraviesan su vida política comienzan a ser familiares para el resto de la región.
Quizá la más evidente sea la dificultad creciente de los espacios moderados para transformarse en opciones viables de gobierno. Los electores de centro siguen ahí. Sus preocupaciones continúan presentes y sus votos probablemente definirán el desenlace de la elección. Lo que parece haberse debilitado es la capacidad de esas posiciones para construir por sí mismas una mayoría política. La competencia se organiza cada vez más alrededor de proyectos que ofrecen identidades claramente definidas, mientras los matices encuentran mayores dificultades para movilizar entusiasmo y construir liderazgo.
México observa una dinámica semejante. La polarización suele analizarse como un problema de tono o de discurso, cuando probablemente refleja algo más profundo: la creciente dificultad de las democracias para producir consensos amplios en sociedades cada vez más fragmentadas, desconfiadas y expuestas a flujos permanentes de información y confrontación política.
La seguridad constituye otra de las lecciones que deja el proceso colombiano. Durante años, América Latina debatió sobre desigualdad, crecimiento económico, programas sociales o reformas institucionales. Ninguno de esos temas ha desaparecido. Sin embargo, cuando una parte relevante de la sociedad comienza a dudar de la capacidad del Estado para ejercer autoridad efectiva sobre el territorio, la conversación pública adquiere una naturaleza distinta.
La seguridad mantiene una relación directa con la legitimidad. Los ciudadanos pueden discrepar sobre políticas económicas, prioridades presupuestales o proyectos ideológicos. Resulta mucho más difícil sostener la confianza en las instituciones cuando se percibe que el Estado pierde capacidad para garantizar condiciones mínimas de orden. Colombia conoce bien esa realidad. México también.
Hay además un elemento institucional que merece una reflexión más pausada. Durante buena parte de las últimas décadas se asumió que los órganos electorales, los tribunales y los distintos mecanismos de control constitucional constituían consensos relativamente sólidos dentro de las democracias latinoamericanas. Hoy observamos una realidad más compleja.
Las tensiones entre liderazgos políticos e instituciones aparecen con creciente frecuencia en sistemas democráticos muy distintos entre sí. Las observadas entre Gustavo Petro y diversas instituciones colombianas forman parte de un fenómeno más amplio. En distintos momentos, Donald Trump en Estados Unidos, Jair Bolsonaro en Brasil, Andrés Manuel López Obrador en México y el propio Petro han expresado reservas frente a autoridades electorales, órganos de control o instituciones que consideraron contrarias a sus objetivos políticos.
La coincidencia resulta interesante porque trasciende diferencias ideológicas, históricas y nacionales. Detrás de estos episodios aparece una discusión más profunda sobre la relación entre legitimidad electoral, liderazgo político y límites institucionales al ejercicio del poder. Las democracias modernas descansan precisamente sobre ese equilibrio. La legitimidad popular resulta indispensable. También lo son los contrapesos. Cuando alguna de esas piezas pierde relevancia, el sistema completo comienza a resentirse.
La elección colombiana también invita a mirar más allá de las fronteras nacionales. Durante años predominó la percepción de que América Latina había dejado de ocupar una posición central dentro de las preocupaciones estratégicas de Estados Unidos. La atención parecía concentrarse en otras regiones del mundo y la política latinoamericana parecía desarrollarse bajo una lógica predominantemente doméstica.
Ese escenario comienza a modificarse. La competencia entre Estados Unidos y China, las cadenas globales de suministro, la migración, el tráfico de fentanilo, la seguridad energética y el combate a las organizaciones criminales transnacionales han devuelto a América Latina una relevancia estratégica que muchos consideraban disminuida.
Conviene resistir la tentación de las explicaciones simples. Resulta cómodo interpretar cada proceso político latinoamericano como una disputa ideológica tradicional. La realidad suele ser bastante más compleja. Los intereses estratégicos, la estabilidad institucional, la seguridad, el comercio y la competencia global influyen cada vez más sobre la forma en que las grandes potencias observan a la región.
México y Colombia ocupan posiciones especialmente sensibles dentro de esa lógica. Ambos son actores fundamentales para la seguridad hemisférica. Ambos enfrentan desafíos asociados al crimen organizado transnacional. Ambos poseen un peso económico y geopolítico que impide considerarlos periféricos dentro del sistema internacional. Ninguno puede interpretar su política interna como si estuviera completamente aislada de las transformaciones que ocurren en el entorno global.
Por eso vale la pena observar con atención lo que ocurre en Colombia. No porque su experiencia constituya una fórmula aplicable al resto de la región ni porque permita anticipar automáticamente el futuro. Lo que vuelve especialmente valiosa la experiencia colombiana es su capacidad para iluminar algunas de las preguntas que recorrerán a América Latina durante los próximos años.
A lo largo de su historia reciente, Colombia ha enfrentado desafíos que habrían puesto a prueba a cualquier democracia. Ha convivido con la violencia política, con el narcotráfico, con organizaciones armadas que disputaron durante décadas la autoridad del Estado y con profundas fracturas sociales y territoriales. Sin embargo, también ha construido instituciones, ha fortalecido mecanismos democráticos y ha demostrado una notable capacidad para procesar sus conflictos dentro de la competencia política y electoral.
Quizá por ello sus elecciones suelen decir mucho más de lo que aparentan. Colombia ocupa un lugar singular dentro de América Latina. No sólo por el peso de su historia, sino por la fortaleza de una sociedad que, una y otra vez, ha encontrado la manera de seguir construyendo democracia en circunstancias extraordinariamente complejas.
Entre México y Colombia existe una afinidad que trasciende el idioma compartido, la cercanía cultural o los vínculos históricos. Son dos de las grandes naciones latinoamericanas, dos democracias complejas llamadas a desempeñar un papel central en el futuro de la región y dos sociedades obligadas a responder preguntas semejantes sobre seguridad, instituciones, representación política y gobernabilidad.
Mirar hoy a Colombia implica observar, en una nación hermana, algunas de las preguntas que también estamos obligados a responder nosotros. Y quizá por eso sus elecciones importan tanto: porque al seguir el debate colombiano no sólo observamos el rumbo de un país al que México está unido por profundos lazos de historia, cultura y amistad; también observamos una parte de la conversación que América Latina ha comenzado a sostener consigo misma sobre su propio futuro.
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