La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) denuncia ante la comunidad nacional e internacional el grave retroceso democrático y jurídico que representa la reciente reforma judicial promovida por el gobierno de Claudia Sheinbaum y su mayoría legislativa en el Congreso.
Esta reforma, al eliminar la independencia judicial, compromete seriamente el cumplimiento de los tratados internacionales firmados por México, especialmente el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
El T-MEC exige que los países miembros mantengan un sistema judicial imparcial e independiente para resolver disputas comerciales. Sin embargo, la reforma judicial aprobada pone en riesgo estos compromisos, debilitando el marco legal que protege los derechos de los ciudadanos y de los inversores.
La citada reforma presenta varios impactos preocupantes. En primer lugar, no respeta la alta especialización y competencia de los tribunales actuales en áreas críticas como telecomunicaciones, propiedad intelectual y medio ambiente, lo que puede afectar la capacidad de México para cumplir con sus obligaciones bajo el T-MEC. Además, la independencia e imparcialidad de los tribunales federales especializados están en riesgo, lo cual es un requisito fundamental según el capítulo 23 del tratado. La falta de un sistema judicial confiable podría erosionar la confianza de los inversores y desincentivar la inversión en el país.
La reciente reforma laboral de 2019 había representado un avance hacia un sistema de justicia laboral autónomo y especializado, alineándose con las exigencias del T-MEC. Sin embargo, la reforma judicial en curso destruye esos logros, debilitando la profesionalización y especialización de los juzgadores.
Ante este escenario, hacemos un llamado urgente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a asumir su responsabilidad histórica en la defensa de la independencia judicial. Instamos también a la Organización de las Naciones Unidas, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a los gobiernos democráticos del mundo a condenar este retroceso democrático, que coloca a México del lado de las autocracias.
Los mexicanos están perdiendo su derecho a una justicia imparcial y el respeto a sus derechos humanos está en riesgo. La politización de la justicia, la desaparición de la carrera judicial y la erosión de la certeza jurídica no solo afectan a los ciudadanos, sino que también comprometen la confianza en el sistema judicial, crucial para el desarrollo económico y social del país.
“También creo en mi opinión que el debate sobre la elección directa popular de jueces en estos tiempos así como la política feroz que se va a ver acá en México si se llegaran a aprobar las elecciones de jueces en el 2025 y el 2027 amenazan la histórica relación comercial que hemos construido, la cual, esa relación depende de la confianza de las inversiones que se tienen que hacer aquí en México para lograr la prosperidad el pueblo de México. Las elecciones directas también podrían hacer más fácil que los carteles y otros actores intervengan en ellos”, aseguró recientemente el embajador de EE.UU. en México, Ken Salazar, afirmación que suscribimos totalmente.
Es importante considerar que esta violación no sólo es de carácter regional, sino que también vulnera el Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación con la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y los Estados Unidos Mexicanos, por otra.
Hacemos un llamado a la sociedad y a la comunidad internacional a no permanecer en silencio ante este golpe de Estado franco y abierto.
