En Oaxaca, la detención de siete funcionarios públicos ha generado un remezón en el ámbito político y ambiental, evidenciando una crisis en la gestión de desastres naturales y una marcada inoperancia por parte del gobierno estatal. Estos arrestos se produjeron en el contexto de un devastador incendio que ha consumido una vasta extensión de terreno, afectando severamente la flora, fauna y diversas viviendas en las demarcaciones de Tlacolula e Itla, específicamente en las comunidades de Güila y Quiviní. Este desastre no solo ha tenido un impacto ambiental catastrófico sino también humano, con la lamentable pérdida de cinco comuneros, además de varios heridos.
La detención de estos funcionarios pone de manifiesto un intento por parte de las autoridades de responsabilizar a individuos concretos por la negligencia y falta de preparación ante un desastre de tal magnitud.
La detención de los servidores públicos no solo es un reflejo de la urgencia de una revisión exhaustiva y mejoramiento en las políticas de gestión de riesgos y desastres en el estado de Oaxaca sino también una llamada de atención a nivel nacional sobre la importancia de la prevención y la respuesta rápida en situaciones de emergencia ambiental.
