Con el argumento de los altos sueldos de los funcionarios del Instituto Nacional Electoral (INE), entre otros aspectos, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, primero envió una iniciativa para cambios constitucionales y transformar al INE, dando paso a la creación de un nuevo instituto, para ello, se requería de las dos terceras partes de los votos de los integrantes de la Cámara de Diputados; y como no fue aprobada en esas condiciones, ahora espera el apoyo para su llamado Plan B, que tiene ese mismo propósito, reformar el sistema electoral del país.
Tanto los partidos de oposición, como los 32 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES), están haciendo un frente común para rechazar la iniciativa presidencial; además de presentar recursos de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra de la reforma electoral conocida como Plan B; misma que será discutida en febrero en la Cámara de Senadores.
¿Pero en que consiste el multi nombrado Plan B?, propone modificaciones a la Ley Orgánica del Poder Judicial, a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y a la Ley General de Partidos Políticos; en lo que corresponde al ejercicio de derecho político-electorales (garantizar el voto a poblaciones vulnerables como personas en prisión preventiva y con discapacidad en estado de postración); además de la regulación de las cuotas de paridad de género; y cambios al Sistema Nacional Electoral, que incluye modificaciones al calendario de elecciones, y en materia de justicia electoral.
Los OPLES y los partidos de oposición están de acuerdo que este Plan B de López Obrador afecta las estructuras electorales y a los integrantes del servicio profesional electoral. Además reconocen que las reformas son contrarias a los cambios legales de 2006, cuando el mismo Andrés Manuel como candidato presidencial, hablaba de irregularidades (como la intervención del Gobierno en el proceso electoral); como la compra de espacios en radio y televisión para descalificar a adversarios; por lo que el PRD pugnó para que no se cometieran este tipo de irregularidades; y ahora el propio AMLO, busca que se cambie y el poder hacer y deshacer a su antojo, señala la oposición.
La verdad es que este Plan B que reforma 3 ejes como: 1. Ejercicio de Derechos Político-Electorales; 2. Sistema Nacional Electoral; y 3. Justicia Electoral. En términos generales eliminar al personal especializado en materia electoral; reducir el número de juntas distritales de 300 a 260; Fideicomiso para Pasivo Laboral y de Infraestructura Inmobiliaria del INE, así como el cierre del Servicio Profesional Electoral; el Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del INE.
Además, la iniciativa señala que, cuando la normativa entre en vigor a partir de 2023, se tendrá que realizar un “nuevo cálculo y revisión integral” de los salarios de sus trabajadores, así como de los organismos públicos locales (OPLES).
En este sentido, se contempla que ningún servidor público (incluidos los funcionarios del INE) puede tener una remuneración mayor a la que percibe el presidente de la República. Y entre otras cosas suspender el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), creado para dar una estimación de los resultados de los comicios. En su lugar, se pretende iniciar el cómputo oficial de los votos el mismo día de la elección, al cierre de las casillas.
Lo que ha causado una gran polémica es lo referente a la cantidad de votos mínimos que necesita un partido para conservar su registro. En la actualidad se requiere obtener, a nivel nacional, al menos el 3% de los votos emitidos. El Plan B elimina este requisito y establece que se mantendrá el registro si en 17 estados, en conjunto, se obtiene el 3% de los votos.
En general esta iniciativa tiene más de 70 artículos que pueden ser inconstitucionales; y el pasado 7 de diciembre con 261 votos a favor y 216 en contra; no pasó la iniciativa; la cual fue turnada al Senado para su análisis, discusión y votación; y habrá que esperar si los senadores aprobaran este Plan B; que impactaría en los comicios federales y locales del 2024.
