Para quienes creen que, pasado noviembre, se acabarán nuestros problemas, les tengo una mala noticia: no será así
Por: Enrique Jacob Rocha
En política hay apuestas que parecen razonables porque descansan en una posibilidad, pero no toda posibilidad sirve como estrategia.
Cada vez es más común escuchar que las elecciones intermedias de noviembre en Estados Unidos podrían debilitar a Donald Trump, ante un escenario de pérdida del control de la Cámara de Representantes o de un Congreso dividido. Bajo esa premisa, lo recomendable sería que el gobierno mexicano resista unos meses, administre la presión a la que ha estado sujeto y espere a que Trump se apague y Washington cambie de prioridad. En mi opinión, esa lectura es una trampa.
¿Puede Trump perder el control legislativo? Los números respaldan la probabilidad: los republicanos gobiernan hoy la Cámara con apenas 220 escaños contra 213 demócratas, un margen mínimo, y desde 1932 el partido en el poder ha perdido en promedio 26 escaños en la primera intermedia de cada presidencia —solo tres veces ha ganado escaños en ese trance, la última en 2002—. Pero esa no debe ser la pregunta relevante. La pregunta relevante es si una derrota parcial volvería a Trump menos peligroso para México. Y ahí la respuesta no es tan clara; me parece que más bien puede ocurrir lo contrario. Un Trump con menos capacidad para construir acuerdos internos puede tener más incentivos para gobernar desde la confrontación: órdenes ejecutivas, amenazas comerciales, presión migratoria y la narrativa de que México es un país rebasado por el crimen organizado.
Para el gobierno de la cuarta transformación, apostar a un Trump debilitado puede convertirse en un error de cálculo mayor. No porque el escenario electoral sea imposible, sino porque confunde aritmética legislativa con comportamiento político. Trump no ha construido su poder desde el Congreso, sino desde la amenaza, la disrupción y la disposición a utilizar la relación exterior como instrumento de política interna. México debería partir de una hipótesis más dura: aun si Trump pierde una o las dos Cámaras, la presión sobre México no va a desaparecer. Puede mutar, puede volverse más estridente, puede concentrarse en instrumentos unilaterales, puede trasladarse al terreno judicial, migratorio, comercial o de seguridad. Pero no hay razón para pensar que se apagará y le quitará presión al gobierno de la presidenta Sheinbaum.
No debemos esperar. Debemos anticipar.
Ese es el punto que el gobierno mexicano no parece estar leyendo con suficiente claridad. El conflicto bilateral no depende solo de una correlación legislativa en Washington. Depende de una narrativa política que ya está instalada en sectores amplios de Estados Unidos: la idea de que los cárteles mexicanos representan una amenaza directa a su seguridad nacional; que el fentanilo, la migración y el crimen organizado forman parte de un mismo problema fronterizo; y que existe una zona gris entre estructuras criminales y redes políticas en México. Esa narrativa puede ser oportunista y contener exageraciones, pero sería un error negarla como si fuera solo propaganda, pues tiene un núcleo de realidad que México debe enfrentar: el crimen organizado ha ampliado su control territorial, ha penetrado economías locales, ha condicionado elecciones y ha encontrado interlocución o protección en distintos niveles de poder.
Como mexicanos, reconocerlo duele, pero negarlo no lo debilita. Al contrario: lo vuelve útil para quienes quieren presionar a México desde fuera.
La presidenta Claudia Sheinbaum enfrenta una decisión estratégica que rebasa la comunicación política. Puede seguir administrando el tema desde la soberanía defensiva, esperando que el desgaste de Trump reduzca el costo de confrontarlo. O puede asumir que la mejor defensa de la soberanía mexicana no es negar el problema, sino recuperar capacidad de Estado frente al crimen organizado.
La soberanía no se protege solo con discursos frente a Washington. Se protege cuando el Estado mexicano puede demostrar control territorial, investigación financiera, persecución penal, coordinación institucional y ruptura efectiva de las redes políticas que permiten operar al crimen. Se debilita cuando el gobierno parece más interesado en contener el costo político de ciertos señalamientos que en desmontar las condiciones que los hicieron posibles.
El caso Sinaloa —cuyos detalles judiciales no son el tema de este texto— es una advertencia suficiente por sí sola: la frontera entre competencia política, poder local y crimen organizado se volvió demasiado porosa en varios territorios. Durante años, México permitió que el crimen dejara de ser solo una amenaza de seguridad para convertirse en un actor con capacidad de arbitraje político, control social, captura económica y, recientemente, organizador de elecciones o, por lo menos, garante de resultados previamente determinados.
Es un error dejar pasar el tiempo en espera de noviembre. Tampoco puede separarse de la economía, pues México necesita crecer con mucha más fuerza. Después de años de bajo dinamismo, la conversación sobre inversión ya no puede sostenerse únicamente con anuncios, planes industriales o presentaciones optimistas. El Plan México puede ser una idea útil si logra ordenar prioridades productivas, atraer inversión y articular cadenas de valor. Pero ningún plan de desarrollo sustituye lo básico: estado de derecho, seguridad territorial, energía suficiente, agua disponible, infraestructura funcional y reglas previsibles.
Ahora la inversión no solo pregunta por incentivos fiscales o ubicación geográfica. Pregunta quién controla el territorio, si una carretera puede operar sin extorsión, si un productor puede exportar sin interrupciones y si una empresa tendrá electricidad, permisos, agua y tribunales confiables. Por eso la apuesta de esperar a un Trump débil es tan riesgosa. Mientras México espera, el mundo se mueve.
La guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán lo demuestra con crudeza. Desde que Washington y Tel Aviv lanzaron ataques aéreos contra Irán a finales de febrero —que terminaron con la vida del líder supremo Alí Jameneí—, el estrecho de Ormuz, por donde transita cerca de una quinta parte del petróleo mundial, ha quedado atrapado en un ciclo de bloqueos, minado naval y ataques a buques mercantes. Apenas esta semana un buque fue alcanzado por un proyectil frente a las costas del golfo Pérsico, y el crudo Brent llegó a moverse 4% en una sola jornada ante la incertidumbre sobre si un acuerdo entre Irán y Omán bastará para normalizar el tránsito. Una presión sostenida sobre rutas energéticas de esa magnitud altera precios, inflación, transporte y decisiones de inversión en todo el planeta. Las economías que lleguen a esa etapa con baja confianza y dudas sobre su Estado de derecho tendrán menos margen de maniobra.
México no está aislado de ese riesgo. Su mejor protección proviene de su integración con América del Norte. En un mundo más fragmentado, México tiene una ventaja extraordinaria: forma parte del aparato productivo estadounidense. Esa ventaja no debería administrarse como si fuera un dato garantizado. Debería tratarse como el principal activo estratégico del país.
Estados Unidos puede decir muchas veces que no necesita a México. Puede convertir esa frase en narrativa electoral y amenazar con aranceles o castigos. Pero la realidad económica es más compleja: Norteamérica ya funciona como un sistema integrado. México importa para las cadenas de suministro, las autopartes, el comercio fronterizo, la energía y la contención migratoria.
El problema es que tener importancia no equivale a tener estrategia. México puede ser indispensable y aun así negociar mal. Puede ser necesario y aun así perder margen. Puede tener una posición geográfica privilegiada y aun así desperdiciarla por falta de certidumbre, deterioro institucional o una política exterior que confunde prudencia con espera.
El gobierno de la cuarta transformación ha construido buena parte de su narrativa en torno a la autonomía frente a Estados Unidos. Esa narrativa tiene un público interno y conecta con una sensibilidad histórica real. México no debe actuar como subordinado de Washington. Pero tampoco debe confundir dignidad nacional con aislamiento estratégico. En el mundo que viene, la verdadera autonomía no consistirá en tomar distancia de Estados Unidos, sino en llegar a esa relación con más Estado, más economía, más seguridad y más capacidad de negociación.
La paradoja es abrumadora: para defender mejor su soberanía, México necesita fortalecer su vínculo con Estados Unidos. No desde la sumisión, sino desde la inteligencia estratégica, lo que implica aceptar varias cosas al mismo tiempo: Trump seguirá usando a México como recurso político; la presión sobre cárteles, fentanilo, migración y seguridad no va a desaparecer; el crimen organizado ya no puede tratarse como tema incómodo; y el crecimiento mexicano dependerá cada vez más de la confianza que proyecte dentro de América del Norte.
México debería construir desde ahora una estrategia bilateral más seria: cooperación de seguridad con límites claros, investigación financiera contra redes criminales, coordinación fronteriza, protección de cadenas productivas, defensa inteligente del T-MEC y una agenda económica que haga visible para Washington el costo de debilitar a México. La relación necesita una visión de Estado.
Es altamente probable que en noviembre cambie la composición del Congreso estadounidense, pero ese cambio no alterará por sí solo los incentivos de Trump, ni la narrativa de seguridad, ni la presión sobre México, ni las dudas de inversión, ni la penetración territorial del crimen organizado. Pensar que el calendario electoral de Estados Unidos resolverá el dilema mexicano es entregar la estrategia nacional a una expectativa ajena, fuera de nuestros límites, y México no puede darse ese lujo.
El país necesita prepararse para dos años más difíciles: presión energética global, menor margen fiscal, bajo crecimiento, revisión del T-MEC, amenazas comerciales y una Casa Blanca dispuesta a convertir la frontera en teatro político. En ese entorno, la peor respuesta sería esperar a que Trump se modere. La mejor sería quitarle argumentos.
Quitarle argumentos significa enfrentar en serio al crimen organizado. Significa dejar de proteger políticamente lo indefendible. Significa reconocer que no hay plan de crecimiento que sobreviva si el territorio, la justicia y la seguridad siguen debilitándose. Significa entender que la relación con Estados Unidos no es una concesión ideológica, sino una condición estratégica para el desarrollo mexicano.
México debe fortalecer su vínculo con Estados Unidos precisamente porque Estados Unidos insiste en decir que no nos necesita. La narrativa puede negar la interdependencia; la economía no. Y cuando la realidad económica contradice a la narrativa política, el país que gana no es el que grita más fuerte, sino el que llega mejor preparado.
El error sería esperar noviembre como quien espera una tregua. La tarea es usar estos meses para construir fuerza propia.
Porque si algo ha demostrado la relación con Trump es esto: la debilidad nunca reduce la presión. Como el fuego con el aire, la alimenta.
