Por una #SociedadHorizontal
Uno de los asuntos que ha generado gran polémica a lo largo de los últimos días, fue la publicación del decreto en el que el presidente López Obrador declara las obras emblemáticas de su sexenio, como asuntos de “interés público y seguridad nacional”. De esta forma, el Aeropuerto Felipe Ángeles, el Tren Maya y la Refinería de Dos Bocas podrán contar con autorizaciónes provisionales, así como obtener dictámenes, permisos o licencias, con el fin de iniciar los proyectos u obras, en un plazo máximo de cinco días. Según el acuerdo, si en ese plazo no se emite una autorización provisional expresa, ésta se considerará resuelta en sentido positivo.
Desde el martes pasado, la autorización provisional que hagan las dependencias, tendrá una vigencia de 12 meses contado a partir de su emisión, periodo en el cual se deberá obtener la autorización definitiva, conforme a las disposiciones aplicables. Los proyectos involucrados abarcan los sectores de comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles en todas sus modalidades energético, puertos y aeropuertos, entre otros.
En opinión de algunos expertos, el citado decreto carece de suficiente motivación jurídica, además de que contradice el marco normativo en materia de obra pública, telecomunicaciones y transparencia. Por esta razón puede quedar sin efectos mediante acciones de inconstitucionalidad que podrían presentar legisladores, instituciones gubernamentales o la propia sociedad organizada. De hecho, el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) ya ha anunciado que promoverá el control constitucional en esta materia.
Desde el inicio del sexenio, ya sea por motivos ambientales, comunitarios o relacionados con el uso de recursos públicos, diversos grupos opositores han promovido instrumentos legales para frenar la ejecución de las obras. Ello explica que ante las críticas surgidas, el presidente López Obrador haya declarado que con dicho decreto lo que se busca es “agilizar trámites para que no se detengan las obras” y dar certidumbre a las empresas…”es un acuerdo interno para facilitar y que podamos terminar las obras”.
Al bloquear los amparos podrían violarse garantías individuales fundamentales. No obstante, ha quedado claro que la prioridad del gobierno es garantizar la ejecución oportuna de los “mega proyectos” y el ejercicio de los presupuestos autorizados.
La decisión tendrá amplias repercusiones y seguramente su discusión llegará hasta la Suprema Corte de Justicia. Sin embargo, el hecho de que la información relacionada con estas obras sea catalogada como reservada, también tendrá implicaciones en materia de política anticorrupción.
Uno de los mejores mecanismos para evitar que se cometan actos de corrupción es precisamente la transparencia. En la medida en la que miles y ahora incluso millones de personas tengan la oportunidad de revisar, investigar y cotejar información, la participación de la sociedad se convierte en un elemento disuasor de actos ilícitos. Esta evaluación también genera incentivos para que las obras y los servicios públicos mejoren.
La transparencia permite que cualquier ciudadano pueda revisar los datos publicados y comparar costos, cotizaciones, calidad de materiales, entre otras cosas. De esta forma, la participación colectiva funciona de forma preventiva para que los funcionarios, a la hora de tomar decisiones, se la piensen dos veces. Resulta paradógico que esta medida se publique la misma semana en la que el “Financial Times”, hace una dura crítica al gobierno en turno, sobre los pocos avances en materia de combate a la corrupción, acción en la que ha habido una insistencia reiterativa a nivel discursivo, pero donde “del dicho al hecho (ha habido) mucho trecho”.
Este episodio deja claro una vez más que se requiere una profunda transformación del poder público. Hoy, ya es posible aprovechar la tecnología para que la participación colectiva involucre a la totalidad de los ciudadanos en la toma de decisiones. Si las obras fueran discutidas, evaluadas y consensadas por una amplia mayoría de ciudadanos, no solo por unos cuantos representantes, el riesgo de enfrentar amparos dilatorios disminuiría drásticamente. Es indispensable empujar esta evolución institucional.
Por lo pronto, la #SociedadHorizontal deberá involucrarse ampliamente en el debate que abrió el decreto presidencial. Es necesario entender todos los ángulos del interés público, no solo la visión de alguna de las partes involucradas. La transparencia le da poder a los ciudadanos, por ello debe ser prioridad.
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