Con la ayuda de una navaja, el policía Noé Nicolás retiró una trampa que fue colocada en el dispensador de efectivo que retenía 900 pesos en un cajero automático, en la colonia La Cuesta Santa Clara, en Ecatepec, Estado de México.

Durante su servicio de custodia de bancos, el elemento perteneciente a la Policía Bancaria e Industrial (PBI), de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), fue informado por radio que dos personas estaban en una sucursal haciendo movimientos y no podían recibir el dinero.

El agente fue requerido por los empleados y al llegar, los afectados le dijeron que solicitaron el efectivo, pero el cajero nunca lo arrojó.

“Les comenté que posiblemente había una trampa. Nos percatamos que estaba colocada una regleta, procedí a retirarla y mi compañero me grabó para deslindarme de cualquier problema”, narró Nicolás.

Cinco minutos después, el uniformado pudo retirar la cantidad; procedió a informar a su base lo ocurrido y mandó el video. El numerario fue entregado al personal del Centro de Operaciones de la institución para su resguardo y se levantó la denuncia.

El agente de la PBI, con 14 años en la corporación, contó que ha quitado al menos 10 trampas colocadas en cajeros automáticos, y detalló que las regletas pueden ser de metal o plástico y son fijadas con pegamento.

Nicolás explicó que los probables delincuentes cambian de zonas: “He quitado trampas por Satélite, Xochimilco, Coacalco, Neza… y esta situación se da también en centros comerciales”.

El policía recomendó a los usuarios que en caso de padecer una situación similar deben reportar al número telefónico del banco y no moverse del lugar.

Asimismo, la SSC exhortó que en caso de observar algún objeto inusual en los cajeros se debe evitar su uso, pedir apoyo al policía más cercano o a los encargados de los bancos, y denunciar ante las autoridades.

En julio pasado hubo 238 delitos contra el patrimonio a transeúnte en espacio abierto en la CDMX, en comparación con los 128 ilícitos denunciados en enero, lo que representa un aumento de 86% en carpetas de investigación, según el Gobierno capitalino.