Uno de los temas que más nos preocupa y ocupa a los abogados penalistas de la República es el escaso, por decir lo menos, respeto que se le otorga a nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por parte de nuestras autoridades, de ciertas e identificadas autoridades.
Los abogados por mínimamente informados que estemos sabemos que la Constitución Federal ocupa la cúspide del orden jurídico nacional, nuestra Carta Suprema da origen a los poderes constituidos y ninguna ley o acto de autoridad debe contrariarla.
Que lamentable resulta corroborar que muchas de nuestras autoridades electas mediante el voto directo de los mexicanos, se hayan transmutado por los azares del poder, en unos demagogos carentes de congruencia.
Desgraciadamente, las promesas efectuadas no se confirmaron en los hechos, ensombreciendo con ello las libertades, dando consecuencia inmediata que nuestra justicia se sienta herida, desplazada, pisoteada; aquí es el sano momento de expresar que los demagogos nunca han sido adictos a los hombres de leyes, por la simple y sencilla razón de que la abogacía unida en Foros han sido siempre escuelas de libertad; si nos remontamos históricamente a la época de Demóstenes recordaremos que fue condenado por las armas vencedoras de Grecia y a pesar del éxito de sus armas fueron temerosos de la palabra y elocuencia del gran orador.
Los demagogos ofenden nos sólo a la historia, sino a la Democracia de nuestro querido México. Dionisio de Halicarnaso lo dijo bien claro: ‘’El camino más corto para arruinar a un País es darlo a los demagogos’’.
Al gobierno le interesa deshacerse de la abogacía a cualquier precio. Ahí esta el ejemplo del Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE). Por ello en imitación exhalógica recordemos el Reichstag en la aciaga época del Fuher, porque incluso ese fuego inclemente que destruyo togas y curules de la tribuna no respeto a la Democracia.
En nuestro México, de siempre, las autoridades se encuentran sometidas exclusivamente al imperio de la ley. Nuestra Suprema Ley es la expresión más genuina, a ella únicamente deben estar sometidos. Aquí es donde reside la legitimación democrática; en el sometimiento a la ley.
De las enseñanzas de Montesquieu aprendimos que no se debe hacer mediante leyes lo que se puede hacer mediante costumbres y que la verdadera reforma no es la legislativa, sino la intelectual y moral. Aquí en nuestra patria los políticos siguen empeñados en arreglarlo y regularlo todo, mediante leyes, reformas legislativas, esos sujetos ignoran y desprecian la necesidad de costumbres jurídicas y éticas que fundamentan el respeto a la ley y a la lealtad a nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Los abogados penalistas de México, sabemos que nuestro Pacto Federal y por sobre todo su espíritu es digno y decente, pero esa Norma Suprema en la actualidad y durante el neoliberalismo ha sido aprovechada para el descontrol y la corrupción de poderes ejercidos sin escrúpulos, al margen del derecho positivo mexicano, de nuestros códigos penales.
Frente a ésta triste realidad nacional, solo existe un mecanismo efectivo de limitación y vigilancia para aquellos actos de autoridad que se desvían del espíritu de la Carta Magna y ese mecanismo se encuentra en manos de nosotros los abogados penalistas quienes somos los que deben efectuar las denuncias contra esos actos que trastocan el alma de la Carta de Carranza, por ello presionemos con denuncias, acudamos con independencia a la opinión pública, acudamos con independencia de ello, libre y consiente para hacer posible la dignidad y eficacia de esa justicia que pregona nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, exigiendo el respeto irrestricto a ella. Solo así México seguirá triunfante. Solo así se respetaran nuestras sedes de estudio y preparación. Solo así se sabrá quien merece que se le aplique el código penal.
Lic. Alberto Woolrich Ortiz
Presidente de la Academia de Derecho Penal del Colegio de Abogados de México A.C.
