- La iniciativa del Poder Ejecutivo Federal genera incertidumbre jurídica y pone en riesgo la existencia de las AFOREs en México
- El tope a las comisiones limita también los rendimientos que las y los trabajadores pueden obtener por sus ahorros
La Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) emitió una opinión en materia de libre concurrencia y competencia económica, respecto a la propuesta de regulación para las comisiones que pueden cobrar las Administradoras de los Fondos de Ahorro para el Retiro (AFOREs), contenida en la Iniciativa enviada por el titular del Poder Ejecutivo Federal para reformar el Sistema de Pensiones.
La opinión del órgano indica que, si bien sí es necesario regular las comisiones que puedan cobrar las AFOREs, la iniciativa no obedece a las mejores prácticas regulatorias del sector. Asimismo, la Comisión opina que el mecanismo que se propone para regular dichos cobros, estableciendo un tope en la ley, resulta inflexible.
Ante ello, la COFECE recomienda al Congreso de la Unión a no aprobar la iniciativa en los términos actuales, además de que propone que la regulación de las comisiones que puedan cobrar las AFOREs se haga con base en criterios flexibles y técnicos que permitan responder a los cambios del mercado.
La COPARMEX respalda la opinión de la COFECE, porque consideramos que el establecimiento de un control de precios para las comisiones, como el que propone la iniciativa del Poder Ejecutivo Federal, distorsiona la libre competencia.
En el Sindicato Patronal ya habíamos advertido en octubre pasado, que nos causaba preocupación la iniciativa de reforma pensionaria que el presidente Andrés Manuel López Obrador entregó a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en la que se incluye un apartado que plantea un control de precios en las comisiones de las AFOREs.
“La Reforma Pensionaria propuesta a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión por el Presidente López Obrador, se aparta de lo negociado con el sector privado, ya que se pretende instituir el control de precios en los servicios financieros violando el TMEC. Lo que es absurdo, ya que las comisiones son determinables por otros países”, alertó, en su momento, Gustavo de Hoyos Walther, Presidente Nacional de la COPARMEX.
El Ejecutivo Federal propone que las comisiones que cobran las AFOREs están sujetas a un monto máximo promediando aritméticamente las comisiones aplicables en Estados Unidos, Colombia y Chile, los cuales en forma conjunta promedian 0.54%. Ello pondría en riesgo la viabilidad de las Administradores de Fondo para el Retiro, que representan el segundo participante más importante del sector financiero mexicano. Asimismo, la medida va en contra de las reglas establecidas en el recién firmado TMEC.
La iniciativa del Poder Ejecutivo Federal genera incertidumbre jurídica y pone en riesgo la existencia de las AFORES en México. Históricamente, el control de precios distorsiona la libre competencia, perjudicando directamente a los consumidores, que en este caso son los trabajadores de México.
Más aún, el control de precios tiene un efecto directo en la calidad de los productos que se ofrecen al consumidor. En este caso, el tope a las comisiones podría desencadenar rendimientos menos competitivos para los trabajadores. En los últimos 23 años, las AFOREs han sido un vehículo exitoso para ofrecer un rendimiento promedio anual real (por encima de inflación) del 5%. Al preestablecer un tope a las comisiones, el Ejecutivo Federal está limitando también los beneficios que el trabajador puede obtener por sus ahorros.
Por primera vez, el Sector privado, los Trabajadores y el Gobierno teníamos un consenso para mejorar el sistema pensionario, con una propuesta centrada y pensada en el trabajador, por lo que desde la Confederación Patronal exhortamos al Congreso de la Unión a tener una discusión técnica y no política, respecto a la iniciativa enviada por el Ejecutivo Federal.
En la COPARMEX hacemos un llamado para que los legisladores federales tomen en cuenta las recomendaciones emitidas por la COFECE para evitar las barreras o vacíos legales que desequilibran nuestro sistema de libre competencia.
