El Estado mexicano actual se recrea, se mueve, su relación con la sociedad está cambiando porque un nuevo actor inunda los propósitos de la gestión pública: los pobres.

 

En la Constitución mexicana se ha insertado un apartado donde los más pobres habrán de recibir para siempre programas sociales.

 

Es cierto que requerimos una nueva Constitución que ordene los fines del Estado y sistematice los apartados relativos a la estructura del gobierno.

Los cambios postulados por el Presidente AMLO son ideológicos, jurídicos, programáticos, para garantizar su permanencia es necesaria una nueva Constitución, la cual habrá de revisar la división de poderes, la reducción de organismos constitucionales autónomos, la conformación de un Consejo Económico y Social de la República.

Las relaciones entre la sociedad civil y el Estado también cambian.

En el “Antiguo Régimen de Simulación” de actores y organizaciones no gubernamentales -pero con grandes subsidios públicos-, ocuparon esos espacios de interlocución la prensa libre, que con un listado de plumas beneficiadas por la mano bondadosa del poder, justificó ese proceso generalizado de construcción de la crítica y de voces independientes.

Los partidos políticos merecen una reflexión más completa en otra entrega que describa la profunda crisis de representatividad por la que atraviesan.

Pero ante la 4T hay un sector que no ha entendido a cabalidad el mandato certero de 30 millones de votantes: el sector privado.

De la misma forma en la cual Jesús Reyes Heroles entendió en los 70´s la insurgencia sindical, universitarias y maestros, ferrocarrileros, estudiantes, telegrafistas, campesinos, secciones de petroleros, guerrilleros, quienes buscaban espacios de expresión y participación para mejorar sus condiciones de vida, mediante el impulso de la reforma política, hoy el presidente AMLO debe impulsar una reforma legal para renovar la participación política del sector privado.

El sector privado está disperso; el sector privado está representado por cámaras empresariales difusas, débiles y agotada su representatividad.

Diversos ordenamientos jurídicos obligan a renovar sus dirigencias anualmente. Para mejorar y fortalecer el sector empresarial, los liderazgos de representación deben contar con un periodo de gestión de por lo menos tres años.

Así mismo, existe una amplia representación empresarial y diversa: demasiadas cámaras, una por cada actividad económica. Esa pulverización de la representación disminuye poder. El sector empresarial debe fusionar cámaras o en su defecto agruparse en una sola para darle poder rea de representación a quien resulte electo.

Otro problema es que los líderes empresariales no participan abierta y activamente en los partidos políticos, relegando su actuación a grupo de presión y a beneficios individuales en la negociación con los gobiernos de la República.

El sector empresarial mexicano debe transformarse, mejorar las instituciones de educación superior destinadas a formar empresarios, invertir en investigación científica de vanguardia, publicaciones e intercambios académicos y de capacitación profesional con otras naciones. No basta con pagar periodistas superficialmente críticos ni aplaudir caricaturistas medievales a través de bots en redes sociales.

Hoy el Estado debe apoyar una reforma a las leyes de cámaras empresariales para agruparlas, compactarse, fortaleciendo sus liderazgos mediante periodos de representación más prolongados y buscar vincularse con los partidos de tal suerte que participen con representatividad genuina en la toma de decisiones y en la cosa pública:

“O avanzamos con la Historia a pesar de todo, como escribió Enrique González Pedrero, o la Historia nos caerá encima de todos modos como fatalidad”.

Estamos en medio de la Fase 3 del COVID-19 y las voces de empresarios con el consenso informado de sus trabajadores no están en la primera línea, movilizados, organizados, cohesionados, debatiendo ante el Congreso mexicano y ante el Poder Ejecutivo los mejores proyectos en salud, seguridad social y protección laboral, de planificación económica ante la crisis y post COVID, con procesos de toma de decisiones a nivel empresarial, sectorial, por entorno productivo y empresa (grande, mediana y micro).
La relación que existe entre la élite empresarial y el Presidente López Obrador también es nueva: no hay espacio para las prebendas y beneficios oscuros a los favoritos. Actualmente, los negocios prosperan a partir de la inversión privada, con recursos privados, asumiendo ahora sí el riesgo, cumpliendo con el fisco, compitiendo e innovando. No existe otra receta.

En torno al proyecto presidencial y a las voces de empresarios y empleadores con poder y representatividad real, debe tenerse mayor claridad de caminos a seguir para la economía mexicana.

A la crisis sanitaria hay que agregar una calamidad humana más en sus consecuencias para la economía: la atomización de la fuerza y los proyectos de los empresarios, mientras el reloj del Estado se enfoca en los pobres y el de la economía nacional sigue marcando más violencia contra el sustento diario y los proyectos vitales de hogares de los trabajadores.

PEDRO ISNARDO DE LA CRUZ Y JUAN CARLOS REYES
Pedro Isnardo De la Cruz Lugardo es doctor en Ciencias Políticas y Sociales y profesor universitario de la UNAM. Juan Carlos Reyes Torres es Licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana