Ciudadanía, no “pueblo”: la democracia pertenece a todos
Por: Enrique Torres Rivera
Hay palabras que parecen inocentes, pero que en política tienen una enorme carga conceptual.
La manera en que nombramos a la sociedad también determina cómo entendemos el poder, los derechos y la democracia.
Por eso es importante hacer una distinción que con frecuencia se pierde en el discurso político:
Pueblo y Ciudadanía no son conceptos equivalentes.
Confundirlos implica mezclar una noción histórica, social y emocional con una categoría jurídica y política mucho más precisa.
Con frecuencia escuchamos expresiones como “lo que el pueblo decida”, “el pueblo quiere” o “el pueblo ha hablado”.
El problema no está en utilizar la palabra pueblo. El pueblo existe como concepto histórico, cultural, social e incluso constitucional.
El problema aparece cuando se utiliza como si fuera una entidad homogénea, con una sola voluntad, una sola opinión y una sola forma legítima de interpretar sus intereses.
¿Quién define qué quiere el pueblo? ¿Quién determina quién habla en su nombre? ¿Y quién decide quién pertenece a ese pueblo y quién queda fuera?
Ahí comienza una cuestión fundamental para cualquier democracia.
Por ello: Pueblo y ciudadanía, una diferencia que importa.
El pueblo suele referirse a una colectividad. Puede expresar una identidad nacional, histórica, cultural o social; también puede utilizarse para representar a determinados sectores de la población.
La ciudadanía, en cambio, está compuesta por personas concretas, titulares de derechos y obligaciones, protegidas por la Constitución y las leyes y con capacidad para participar en la vida pública.
Dicho de otra manera: el pueblo puede ser una identidad colectiva; la ciudadanía es una condición jurídica y política, y esa diferencia no es menor.
La ciudadanía reconoce a cada persona como sujeto de derechos, independientemente de su ideología, condición social, preferencias políticas o pertenencia a determinado movimiento.
Un ciudadano puede apoyar al gobierno, puede cuestionarlo, puede cambiar de opinión, puede votar por otro partido, puede exigir rendición de cuentas, puede protestar, puede disentir, pero sobretodo, puede hacerlo sin dejar de ser ciudadano.
Con respecto a la relación con el poder, es aquí donde aparece quizá la diferencia más importante.
Cuando el concepto de “pueblo” se utiliza políticamente de manera simplificada, puede convertirse en una categoría pasiva: el pueblo como destinatario de decisiones, beneficiario de programas o respaldo de un liderazgo.
La ciudadanía plantea una relación completamente diferente con el poder.
El ciudadano no está frente al poder; forma parte de la democracia y tiene el derecho de vigilarlo.
La ciudadanía exige cuentas, cuestiona decisiones, participa, vota, propone y puede retirar su respaldo a quienes gobiernan.
La ciudadanía no es súbdita de ningún gobierno; no le debe lealtad personal a ningún gobernante.
El gobierno está al servicio de la ciudadanía, no la ciudadanía al servicio del gobierno.
Por eso la rendición de cuentas es inseparable de la ciudadanía.
Existe además otra diferencia fundamental, la sociedad es plural.
No todos pensamos igual, no tenemos los mismos intereses ni votamos por las mismas opciones políticas, y eso no significa que una parte de la sociedad sea menos mexicana, menos legítima o menos digna de ser escuchada.
Sin embargo, el lenguaje político puede caer en la tentación de presentar al “pueblo” como una sola voz.
Cuando alguien afirma hablar en nombre de “el pueblo”, puede terminar atribuyéndose una representación que nadie le otorgó de manera absoluta.
La democracia no consiste en encontrar una supuesta voluntad única de la sociedad.
Consiste en garantizar que distintas voluntades puedan coexistir, expresarse y competir libremente dentro de las instituciones.
Por eso la ciudadanía es necesariamente plural.
No existe una ciudadanía de izquierda y otra de derecha.
No existe una ciudadanía oficialista y otra opositora.
No existe una ciudadanía que tenga más derechos que otra.
Hay ciudadanos. Y todos deben estar sujetos a las mismas leyes y protegidos por las mismas instituciones.
Nadie puede, ni debe, apropiarse del concepto de “pueblo”.
La historia demuestra que diversos liderazgos populistas han utilizado la idea de “el pueblo” para construir una división entre quienes supuestamente representan al pueblo y quienes son presentados como sus adversarios.
La lógica es sumamente peligrosa:
“Nosotros somos el pueblo; ellos están contra el pueblo.”
Cuando esa idea se instala, el adversario político deja de ser un ciudadano con una opinión diferente y comienza a ser presentado como enemigo de una supuesta voluntad colectiva.
Ahí es donde una democracia plural puede empezar a deteriorarse.
Porque disentir no convierte a nadie en enemigo de la sociedad.
La democracia no puede depender de quién tenga el monopolio de la definición de “pueblo”.
Debe depender de instituciones que garanticen derechos, libertades y reglas iguales para todos.
Ciudadanía significa derechos, pero también responsabilidades
Hablar de ciudadanía tampoco significa reducirla a votar cada cierto número de años.
La ciudadanía implica participación, implica informarse, opinar, exigir, cuestionar, organizarse y asumir responsabilidades frente a la sociedad.
Un ciudadano no debe ser solo un espectador de la política.
Es parte del ejercicio democrático del poder.
Por eso la ciudadanía fortalece principios esenciales:
* Pluralidad: reconoce que existen distintas opiniones y proyectos de nación.
* Derechos: coloca a las personas como sujetos de derechos exigibles.
* Estado de derecho: somete al poder a la Constitución y a las leyes.
* Rendición de cuentas: obliga a quienes gobiernan a responder por sus decisiones.
* Libertad: protege el derecho a disentir.
* Participación: convierte a las personas en actores de la vida pública y no solamente en destinatarios de decisiones.
No se trata de eliminar la palabra “pueblo”. Ese no es el punto.
La discusión no consiste en prohibir la palabra “pueblo” ni en negar su valor histórico, cultural o constitucional.
El concepto tiene un lugar legítimo en nuestra historia y en nuestro orden jurídico.
La cuestión es otra: no debemos permitir que una palabra de enorme carga simbólica sea utilizada para sustituir la pluralidad de quienes integran una sociedad.
Porque nadie puede apropiarse de la representación de todos.
En una democracia moderna, el poder no debe justificarse por la supuesta existencia de una voluntad colectiva única, sino por instituciones, leyes, elecciones libres y derechos que pertenecen a cada ciudadano.
El pueblo puede ser una categoría histórica, cultural o social.
La ciudadanía es la que hace operativa la democracia, y quizá por eso debemos recuperar una palabra que el discurso político ha dejado demasiado de lado: Ciudadanía.
Porque una democracia no pertenece a un partido, no pertenece a un movimiento, no pertenece a un gobierno, no pertenece a un líder.
La democracia es de todos, y ‘todos’ significa, precisamente, ciudadanos libres, iguales ante la ley y con el derecho irrenunciable de pensar diferente.
Disponible en: Substack
