Día Internacional del Periodista: entre la vocación y el riesgo
Punto Central
Por José Eder Santos Vázquez
Cada 8 de septiembre el mundo conmemora el Día Internacional del Periodista en memoria del checo Julius Fučík, ejecutado por los nazis el 8 de septiembre de 1943. La efeméride recuerda por qué el periodismo es un bien público y por qué ejercerlo, todavía hoy, puede costar la vida.
En 2025, los números vuelven a subrayar la urgencia. El barómetro en tiempo real de Reporteros Sin Fronteras (RSF) registra, del 1 de enero a la fecha, decenas de periodistas asesinados y más de medio millar encarcelados en el mundo. Solo en 2024, RSF documentó 54 periodistas asesinados, con un pico en zonas de guerra y autoritarismo. La UNESCO, por su parte, contabilizó 68 asesinatos de periodistas y trabajadores de medios en 2024, y advierte que el 85% de los crímenes permanece impune. La combinación letalidad e impunidad dibuja el principal cuello de botella para la libertad de prensa a escala global.
Gaza se mantuvo como la región más peligrosa para informar tras octubre de 2023, con ataques que costaron la vida a numerosos comunicadores y suscitaron llamados internacionales a investigar posibles violaciones al derecho internacional humanitario. El patrón bombardeos en zonas civiles y el llamado “doble golpe” que impacta a rescatistas y periodistas fue ampliamente denunciado por organizaciones de prensa. Más allá de Medio Oriente, la letalidad en América Latina y regiones con conflictos activos como Sudán, Birmania o Ucrania muestra que el riesgo se ha “globalizado”.
México volvió a descender en la Clasificación Mundial de Libertad de Prensa 2025 de RSF, del lugar 121 al 124 y mantiene el rótulo de país más peligroso de la región para ejercer el oficio. En su balance por Américas, RSF apunta a la fragilidad del ecosistema mediático y a la violencia letal persistente. Entre enero y julio de 2025, al menos 13 periodistas fueron asesinados en América Latina; ocho de ellos en México. Para dimensionar: desde 1993, el Observatorio de la UNESCO registra más de 170 periodistas asesinados en territorio mexicano, una cifra que solo es superada por Irak.
El panorama no se reduce a homicidios. México arrastra rezagos en prevención y protección. Casos recientes han vuelto a poner bajo la lupa el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y las respuestas institucionales ante agresiones, amenazas y campañas de estigmatización. La UNESCO ha insistido en fortalecer investigaciones y protocolos; organizaciones internacionales recalcan que sin justicia efectiva la violencia se recicla.
La libertad de expresión es un derecho humano protegido por el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH). Toda persona tiene derecho a “buscar, recibir y difundir informaciones e ideas por cualquier medio”, principio que cimienta el trabajo periodístico. En México, los artículos 6º y 7º constitucionales garantizan el derecho a la información y la libertad de difundir ideas sin inquisición previa, con límites estrictos y taxativos. Son, además, obligaciones de todas las autoridades promover, respetar, proteger y garantizar estos derechos.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) subraya de forma reiterada que la libertad de expresión es pilar democrático y que los artículos 6º y 7º deben traducirse en políticas públicas: prevención, protección y reparación para periodistas, y condiciones para que la sociedad acceda a información plural y oportuna. Esa visión coloca al periodismo no solo como una profesión en riesgo, sino como un engranaje de la rendición de cuentas.
La fecha no es solo conmemorativa: obliga a mirar los datos y enfrentar sus implicaciones democráticas. Si la sociedad pierde reporteros, por balas, cárcel o silencio forzado, pierde también su derecho a saber. RSF ubica a México como el país más peligroso de América para el periodismo en 2025; al mismo tiempo, su Constitución consagra derechos robustos que exigen hacerse valer. El contraste es evidente, y cerrar esa brecha es tarea del Estado, sí, pero también de poderes judiciales, empresas mediáticas y ciudadanía.
En el fondo late una verdad sencilla: la libertad de expresión no se agota en emitir opiniones; se materializa en la posibilidad real de investigar y publicar sin miedo. Ese es el mandato del artículo 19 de la DUDH, y el espíritu de las garantías constitucionales mexicanas. Cuidar a quienes informan es cuidar ese derecho en su forma más tangible, este sin duda alguna, es el punto central de la defensa a los periodistas.
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