A la memoria de Joel Ayala.
Por Raúl Contreras Bustamante
El artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 reconoce que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Por su parte, nuestra Constitución —en su artículo 21— dispone que la seguridad pública es una función concurrente entre los tres órdenes de gobierno; es decir, federal, de las entidades federativas y de los municipios.
El fin de estas disposiciones es salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, además de contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social. Lo anterior sólo es posible si se garantiza la seguridad de la población.
Lo anterior viene a colación porque de manera reciente el Instituto Nacional de Estadística y Geografía publicó los datos de su Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana 2024.
Dentro de la información ofrecida por la Encuesta se evaluó “la percepción de inseguridad”, que es aquella que una persona tiene por el temor de ser víctima de un delito, de manera independiente a la probabilidad de serlo en realidad. Esta percepción se nutre del miedo que se padece respecto de aquello que consideramos una amenaza y nos hace sentir vulnerables.
El porcentaje de la población de 18 años y más que en el año pasado se sintió insegura en su ciudad, fue del 61.7% frente al 59.1% que el mismo instituto había reportado en 2023; es decir un incremento de 4.4 por ciento.
De acuerdo con el estudio del Inegi, las cinco ciudades donde la ciudadanía tiene una mayor percepción de inseguridad son: Villahermosa, Tabasco con 95.3%; Uruapan, Michoacán con 92.5%; Fresnillo, Zacatecas con 90.9%, así como, Culiacán, Sinaloa y Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, ambas ciudades con 90.6 por ciento.
En contraste, las ciudades donde la percepción de inseguridad es menor son: San Pedro Garza García, Nuevo León con 14%; Piedras Negras, Coahuila, con 18.7%; la alcaldía Benito Juárez, en Ciudad de México, con 20.7%; Saltillo, Coahuila, con 23%; y de manera llamativa, Los Mochis, Sinaloa con 24.6 por ciento.
Un dato importante destacado por el informe es que las mujeres son la población que se siente más insegura, reportando 67.8%; contra 54.4%, que reportan los hombres.
Por ello, garantizar la seguridad de la población es imprescindible. Es decir, el Estado, como organización política, debe ser capaz de infundir en la población el sentido contrario a la inseguridad. Garantizar un entorno donde el individuo se sienta libre de amenazas que pongan en riesgo su plan de vida.
El problema de la creciente percepción de inseguridad por parte de la ciudadanía es que —aparejada a ello— está la desconfianza en las instituciones encargadas de brindarla, pues para el ciudadano siente que no logran garantizarle el derecho esencial de la protección.
El gran peligro es que la experiencia internacional ha demostrado que, ante una creciente insatisfacción de la población en materia de seguridad, suele surgir el reclamo ciudadano de que se apliquen medidas drásticas, autoritarias y de mano dura con tal de acabar con la inseguridad, sin importar si se pasa por encima de los derechos humanos.
Sin lugar a duda, en estos momentos el problema que más preocupa a nuestra sociedad es la inseguridad. De tal suerte que tan importante es combatir la inseguridad y disminuir la impunidad, como lograr la percepción que se tenga de ello, pues sólo una población que se sienta segura en su entorno será capaz de desarrollarse y lograr un crecimiento económico, tal como la Constitución promete garantizar.
Como Corolario la frase de Martin Luther King: “La verdadera paz no es simplemente la ausencia de tensión, es la presencia de justicia”.
