Una jueza emplazó a las Fiscalías de la Ciudad de México y de Colima para que en un plazo de tres días destruyan todos los registros obtenidos mediante prácticas de espionaje telefónico contra Santiago Taboada, candidato opositor al Gobierno capitalino, y Jorge Romero Herrera, coordinador de los diputados panistas.
La orden judicial surge después de que un tribunal concediera un amparo a los panistas en febrero, solicitando la destrucción de datos de su geolocalización en tiempo real y el registro y control de sus comunicaciones telefónicas, por considerarse obtenidos de manera ilegal por ambas Fiscalías.
La jueza Paloma Xiomara González ha establecido un plazo límite para el cumplimiento de la sentencia, advirtiendo que, en caso de desobediencia, impondrá una multa de 10 mil 857 pesos a los funcionarios responsables y tramitará un procedimiento para su separación de cargos y consignación penal por desacato.
Estas medidas surgen tras la revelación en noviembre de que la Fiscalía capitalina, entonces bajo la dirección de Ernestina Godoy, llevó a cabo prácticas de espionaje ilegal contra políticos, según lo informado por The New York Times.
