Orden vs. libertad
Por: Raúl Contreras Bustamante
En un Estado democrático de Derecho, el orden y la libertad son caras de una misma moneda que conviven en la búsqueda permanente de un equilibrio entre ambos conceptos.
Thomas Hobbes advertía que la ausencia de un orden institucional somete al individuo a un constante temor de conflicto, en tanto, Alexis de Tocqueville prevenía acerca de cómo bajo el pretexto de garantizar la paz y el bienestar general, los gobiernos pueden caminar hacia un despotismo tutelar.
En el centro de esta dialéctica entre orden y libertad se encuentra ahora la propuesta de consulta promovida desde el gobierno para la emisión de los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, que pretenden establecen obligaciones para los concesionarios de radio y televisión.
Es de llamar la atención que desde la academia, las organizaciones civiles y la ciudadanía misma no se percibe un reclamo ocasionado por excesos en materia del ejercicio de la libertad de expresión. Más bien, esto se deriva de la incomodidad del gobierno con las críticas que recibe por el ejercicio de sus responsabilidades públicas.
Aunque el proyecto de lineamientos tiene cosas positivas, lo que ha generado una respuesta generalizada es que se pretende establecer medidas y sanciones bajo la narrativa de “proteger al público contra la desinformación y la garantía de contenidos éticos”.
El debate filosófico e histórico sobre la libertad de expresión ha llevado a diversos pensadores modernos a sostener una postura categórica: los peligros o excesos de la libre expresión —como la ofensa, el error o el discurso desagradable— son infinitamente preferibles a cualquier intento del Estado por restringirla o regularla.
Y es que conviene recordar a los gobernantes que como titulares de los órganos de poder no tienen derechos; tiene potestades y obligaciones. Los derechos son para nosotros los ciudadanos.
Ante la desaparición de los órganos constitucionales autónomos; la disolución de los Poderes Judiciales; las reformas a la legislación de amparo, así como la reiterada práctica de la reserva sistemática de la información bajo el argumento de la “seguridad nacional”, la ciudadanía aprecia a la libertad de expresión como una forma de controlar la extralimitación del poder.
Aunado a este amago de poner una camisa de fuerza a la libertad de expresión, conviene recordar la terrible situación que el ejercicio del periodismo sufre en nuestro país; ya que en lo que lleva el sexenio van 19 periodistas asesinados. En 2025, México ocupa el tercer lugar con más reporteros ultimados en el mundo, sólo por detrás de Gaza y Yemen, pese a no encontrarnos en guerra.
Es bien cierto que la sociedad mexicana requiere de medios de comunicación que cumplan con su función de impulsar la consolidación de una opinión publica bien informada y conocedora de los problemas que aquejan al país de manera objetiva.
Pero un gobierno que se asuma como democrático, debe favorecer en todo momento el debate público, la crítica, la verificación abierta y la educación para conducir la convivencia social.
Porque la historia ha enseñado que cuando el control de la discusión pública por parte de la autoridad busca excederse, se da un paso seguro hacia el debilitamiento de los contrapesos democráticos. La verdad no yace en los decretos o en lineamientos ambiguos, sino en el contraste libre, plural e informado de las opiniones ciudadanas.
Porque siempre será mejor preferir los excesos a la censura.
Como Corolario, las palabras del exsecretario general de Reporteros Sin Fronteras, Christophe Deloire: “Cuando el gobierno se adjudica el monopolio de decidir qué es verdad y qué es desinformación, la libertad de prensa muere”.
