La Oblicuidad del Poder
Ana Karina fernández
Por: Karina Fernández
Verá usted, querido lector… hay palabras que llegan tarde a las conversaciones públicas y, sin embargo, parecen haber nacido para describirlas. Oblicuidad es una de ellas.
La Real Academia la define como la cualidad de lo oblicuo, de aquello que no sigue una línea recta. En política, la palabra adquiere una dimensión mucho más interesante. Describe esa distancia entre lo que se dice y lo que ocurre. Entre la narrativa y los resultados. Entre la promesa y la evidencia.
México vive hoy una de las expresiones más evidentes de esa oblicuidad.
Durante años, la lucha contra la corrupción fue presentada como el eje moral de una transformación nacional. No como una política pública más. No como una reforma administrativa sino como una cruzada ética.
El mensaje era poderoso porque apelaba a una indignación legítima. Millones de mexicanos estaban (estábamos) cansados de los excesos, de los privilegios, de los desvíos de recursos, de las redes de complicidad que durante décadas erosionaron la confianza en las instituciones.
La promesa era sencilla: si la corrupción desaparecía, gran parte de los problemas estructurales del país comenzarían a resolverse.
La corrupción dejó de ser presentada como un problema entre muchos. Se convirtió en la explicación de prácticamente todos los males nacionales.
Sin embargo, cuando una administración decide convertir una bandera moral en el centro de su legitimidad, inevitablemente queda obligada a superar el estándar que exige a los demás. Éramos muchos y parió la abuela!
Y es precisamente ahí donde aparece la oblicuidad.
Porque mientras el discurso oficial continúa apelando a la honestidad, la austeridad y la regeneración ética de la vida pública, la realidad ofrece señales mucho más complejas.
Los casos relacionados con Segalmex, las observaciones recurrentes de la Auditoría Superior de la Federación, las adjudicaciones directas que continúan representando una proporción significativa de las contrataciones públicas, los cuestionamientos sobre transparencia gubernamental y el deterioro de México en diversos indicadores internacionales de percepción de corrupción han generado una pregunta inevitable.
Existe una diferencia entre la narrativa anticorrupción y los resultados observables?
La respuesta objetiva es que sí y reconocerlo no implica una postura partidista, implica simplemente observar los datos.
El Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional ha colocado a México durante los últimos años en posiciones poco favorables frente a economías comparables. Eso no significa que el país sea necesariamente más corrupto que otros. Significa que inversionistas, especialistas, organismos internacionales y ciudadanos perciben que los mecanismos para prevenir y sancionar la corrupción continúan siendo insuficientes.
Y a ver… la percepción, por supuesto, no es una sentencia judicial pero tampoco es irrelevante. Las percepciones influyen en la confianza institucional, en la inversión, en la competitividad y en la legitimidad democrática.
Más aún cuando hablamos de un gobierno cuya principal promesa fue precisamente modificar esa percepción mediante resultados tangibles.
Aquí es donde conviene abandonar la pasión ideológica y regresar al análisis, porque el problema no es exclusivo de un partido político y tampoco de una persona. Es un fenómeno recurrente del poder.
Los gobiernos suelen enamorarse de sus propias narrativas y empiezan administrando políticas públicas y terminan administrando relatos.
Gradualmente, la defensa de la imagen sustituye a la evaluación de los resultados y la crítica deja de verse como una herramienta de mejora y comienza a percibirse como un ataque.
Los datos incómodos se minimizan y los cuestionamientos se descalifican, y claro, las contradicciones se justifican.
Es entonces cuando la política entra en una peligrosa zona de confort donde la comunicación intenta reemplazar a la realidad. Pero la realidad siempre termina cobrando la factura.
Porque la corrupción no desaparece cuando se le deja de nombrar ni disminuye porque se declare moralmente derrotada. No se combate mediante conferencias de prensa sino a través de instituciones sólidas, mecanismos de vigilancia, órganos autónomos eficaces. Mediante auditorías independientes y transparencia verificable. Y, sobre todo, mediante sanciones ejemplares.
La historia demuestra que ningún gobierno es inmune a la corrupción.
Leyó bien querido lector: Ninguno.
Ni los de izquierda. Ni los de derecha. Ni los nacionalistas. Ni los liberales. Ni los conservadores. Ni los progresistas.
Pensar lo contrario constituye una forma de ingenuidad política (por llamarle de un modo elegante).
Por eso resulta tan peligroso cuando una administración comienza a asumirse moralmente superior a sus predecesoras, porque la convicción de superioridad suele generar el peor enemigo de la rendición de cuentas: la autocomplacencia.
Si un gobierno se considera incorruptible por definición, deja de buscar activamente la corrupción dentro de sí mismo.
Y cuando eso ocurre, la supervisión se debilita y la crítica se vuelve incómoda.
La transparencia deja de ser una prioridad y la narrativa comienza a sustituir a la evidencia.
El deber ser democrático exige exactamente lo contrario porque un presidente no debe aspirar a ser percibido como moralmente impecable, debe aspirar a construir instituciones capaces de detectar irregularidades incluso dentro de su propia administración.
No debe exigir confianza ciega sino facilitar la verificación permanente. No debe pedir fe, más bien debe ofrecer evidencia. Hechos son amores!
La verdadera lucha contra la corrupción no consiste en convencer a la ciudadanía de que un gobierno es honesto, consiste en crear condiciones para que nadie tenga que creerle a ciegas, porque la confianza auténtica no nace de los discursos, nace de los controles… de los contrapesos. De la transparencia y la información disponible y la rendición de cuentas!
Y claro, de la certeza de que las reglas aplican igual para amigos, adversarios y aliados.
Ese debería ser el objetivo de cualquier presidente en México. No construir una narrativa de pureza sino un sistema donde la corrupción tenga cada vez menos espacio para existir, porque cuando la honestidad depende únicamente de la palabra del gobernante, estamos frente a una promesa pero cuando depende de instituciones capaces de demostrarla, estamos frente a una democracia.
Y entre ambas cosas existe una diferencia enorme, tan enorme como la distancia oblicua que separa el discurso de la realidad.
Just saying …
