Fiscalía General de la República indaga célula delictiva por explosivos transportados desde Ayotzinapa
Célula delictiva que operaba desde Ayotzinapa planeaba una ofensiva terrorista con mil bombas en la CDMX
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Las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) apuntan a la infiltración de una peligrosa célula delictiva dentro de los contingentes estudiantiles procedentes del estado de Guerrero. El grupo criminal pretendía movilizar un arsenal de artefactos explosivos sofisticados para sembrar el caos en las vialidades.
El decomiso táctico en los autobuses de la caseta de Tlalpan
En primer lugar, las acciones de intercepción se ejecutaron este lunes 8 de junio sobre la autopista México-Cuernavaca, donde las autoridades montaron un cerco de revisión a 17 autobuses foráneos. Las inspecciones físicas detalladas en las unidades de transporte arrojaron el aseguramiento inmediato de una caja que contenía 59 artefactos explosivos de manufactura casera. Asimismo, las líneas de investigación de la delegación federal revelaron que la meta de producción de esta facción radical era fabricar de manera masiva hasta mil bombas artesanales. El armamento estaba destinado a ser distribuido de forma estratégica para realizar sabotajes y ataques durante los próximos plantones en la urbe.
Por otra parte, los peritajes de balística y explosivos aplicados al material incautado pusieron al descubierto que no se trataba de simples petardos utilizados tradicionalmente en las marchas. El diseño técnico de los artefactos demostró el empleo de tubos de PVC rellenos de pólvora de alta densidad, sellados herméticamente con parafina y equipados con un sistema manual de activación por fricción para retardar la detonación. Los ingenieros de la fiscalía advirtieron que esta estructura delictiva cuenta con un financiamiento sofisticado que ya es rastreado en las cuentas bancarias de varios sospechosos. Las hipótesis apuntan a nexos directos con actores políticos de la región sur del país.
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Los cabecillas identificados por la inteligencia federal
Los reportes de la corporación judicial ubicaron a los siguientes personajes como los presuntos cerebros logísticos de la organización criminal:
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Jesús García, alias “El Coquillo”: Coordinador general de la fabricación del armamento, vinculado también al robo de combustible, mercancías y retención ilegal de autobuses.
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Juan Miguel Hernández, alias “El Mamado”: Operador de campo encargado del secuestro de unidades de transporte y desmanes en recintos gubernamentales.
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“Los otros desaparecidos”: Facción delictiva que surgió tras fracturas internas con los padres de los 43 normalistas por la disputa del dinero recabado en las casetas.
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Carpetas de investigación: Expedientes penales abiertos por la FGR por los delitos de fabricación, traslado y posesión de material bélico exclusivo de las fuerzas armadas.
Un llamado a la cordura institucional y el respeto a la ley
De igual manera, los mandos de la Secretaría de Gobernación y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) acudieron al sitio para mediar con los familiares de los normalistas que viajaban en la caravana. El subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina, entabló un diálogo directo con los voceros de las escuelas rurales de Ayotzinapa y Mactumactzá, Chiapas, para deslindar a las bases sociales de las acciones terroristas. Las organizaciones civiles se comprometieron formalmente a mantener sus jornadas de protesta dentro de los márgenes de la paz pública. La vigilancia en los accesos carreteros se mantendrá activa debido al arranque de las actividades del Mundial de Futbol.
En resumen, el desmantelamiento de esta logística criminal pone de manifiesto el grado de infiltración que sufren los movimientos populares a manos de mafias organizadas que buscan desestabilizar las instituciones. Las autoridades ministeriales continúan con el rastreo de las redes sociales de los implicados, quienes ostentaban lujos y relojes de alta gama financiados presuntamente con el botín de las casetas tomadas. A fin de cuentas, las acciones de la Fiscalía General de la República refrendan el compromiso del Estado de aplicar todo el peso de la ley contra la delincuencia organizada, garantizando que la violencia política no secuestre la paz de la nación.
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