Consejeros del INE piden aclarar la baja de más de 100 trabajadores

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Consejeros del INE piden aclarar la baja de más de 100 trabajadores

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¿Qué motivó la solicitud de un informe sobre el personal electoral?

Integrantes del consejo del Instituto Nacional Electoral (INE) solicitaron de manera formal un informe detallado para esclarecer las causas detrás de la baja de al menos 100 empleados en semanas recientes. Las consejerías buscan determinar si estas separaciones corresponden a renuncias voluntarias, términos de contratos o si los mandos directivos forzaron al personal a dimitir. Esta situación ha encendido las alarmas en las comisiones internas ante la falta de una metodología clara para justificar la salida masiva de personal calificado.

Preocupación por derechos laborales y suficiencia presupuestal

El impacto de las políticas de austeridad en el organismo

La discusión sobre las bajas laborales se puso sobre la mesa durante la sesión de la Comisión Temporal de Presupuesto 2027, donde se evidenció la inquietud por el rumbo operativo de la institución. Las posturas y observaciones de los consejeros destacaron los siguientes rubros críticos:

  • Presuntas renuncias forzadas: La consejera Rita Bell López expuso que, si bien la Secretaría Ejecutiva reportó de forma extraoficial poco más de un centenar de renuncias, ha trascendido que en departamentos como la Unidad de Igualdad de Género y No Discriminación se exigió la dimisión de los trabajadores. Por ello, urgió a respetar los derechos laborales y liquidar las prestaciones pendientes.

  • Falta de evaluación objetiva: Se criticó que estas decisiones de alto impacto no estén respaldadas por un sistema sólido de evaluación de desempeño que fundamente la separación del cargo.

  • Llamado a la racionalidad presupuestal: El consejero Uuc-Kib Espadas alertó que la cadena de recortes sufrida por el INE desde los comicios de 2024 ya afecta las tareas sustantivas y los derechos del personal. Señaló que no es racional “estrangular” el presupuesto mientras se le encomiendan más obligaciones al organismo, por lo que urgieron a garantizar recursos suficientes para organizar los procesos electorales de 2027.

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Por otra parte, el consejero Arturo Chávez sugirió mantener la prudencia y esperar el desglose oficial del estatus institucional de los trabajadores antes de emitir un juicio definitivo sobre la legalidad de los procedimientos.

Este reajuste de personal se presenta en un contexto de cambios profundos, ocurridos justo después de que la consejera presidenta, Guadalupe Taddei, renovara la mayoría de las titularidades en las Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas. Dichos nombramientos habían enfrentado previamente impugnaciones internas por parte de consejeros inconformes, quienes cuestionaban el cumplimiento de los requisitos legales y de equidad de género, aspectos que posteriormente fueron corregidos para alcanzar la paridad.

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