RAMÍREZ CUÉLLAR RECHAZA CUALQUIER POSIBILIDAD DE REELECCIÓN EN LA SALA SUPERIOR DEL TEPJF; “SERÍA TRAICIONAR EL ESPÍRITU DE LA REFORMA JUDICIAL DE 2024”

• La Constitución establece con claridad que las magistraturas de la Sala Superior durarán seis años improrrogables

• Permitir reelecciones o nuevas ampliaciones implicaría distorsionar el modelo de renovación judicial aprobado por mandato del pueblo de México

El diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, expresó su absoluto rechazo a cualquier intento de permitir la reelección de las y los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al considerar que ello contravendría de manera directa el espíritu y el texto de la reforma constitucional al Poder Judicial aprobada en 2024.

El legislador recordó que el artículo 99, párrafo décimo segundo, de la Constitución establece con claridad que las magistraturas de la Sala Superior durarán en su encargo seis años improrrogables, por lo que cualquier modificación orientada a extender nuevamente su permanencia o habilitar esquemas de reelección significaría una contradicción con el modelo de renovación judicial impulsado por la reforma democrática de 2024.

Ramírez Cuéllar subrayó que la transformación del Poder Judicial tuvo como uno de sus principios fundamentales evitar la consolidación de élites permanentes dentro de los órganos jurisdiccionales, fortaleciendo en cambio la legitimidad democrática, la renovación periódica de los cargos y la rendición de cuentas frente a la ciudadanía.

En ese sentido, advirtió que existen magistraturas designadas originalmente en 2016 por el Senado de la República cuyo encargo ya fue ampliado mediante la reforma judicial de 2024 para concluir en 2027, con el objetivo de empatar la renovación escalonada del órgano jurisdiccional. Sin embargo, señaló que la iniciativa actualmente en discusión dentro del periodo extraordinario, para mover la elección judicial a 2028, abriría la posibilidad de extender nuevamente dichos encargos por un año adicional.

El diputado enfatizó que, de permitirse además la reelección de estas magistraturas, algunas personas integrantes de la Sala Superior podrían permanecer hasta 17 años en el cargo, lo que representaría una desviación incompatible con los principios de temporalidad, renovación y equilibrio institucional que dieron origen a la reforma judicial. “Sería inaceptable que se queden en el cargo tantos años, es antidemocrático, no queremos que el Tribunal Electoral se convierta en el feudo de algunas magistradas y magistrados. La justicia no le pertenece a quien ostente el cargo y parecería que se quieren apropiar de ella”, señaló.

“No podemos construir un nuevo Poder Judicial democrático para después abrir la puerta a permanencias indefinidas o ampliaciones sucesivas de cargos. La reforma de 2024 fue muy clara: los encargos son por seis años improrrogables y debemos respetar ese mandato constitucional”, sostuvo.

Asimismo, reconoció la importancia histórica de que Claudia Valle Aguilasocho y Gilberto de Guzmán Bátiz García hayan sido las primeras magistraturas de Sala Superior electas mediante voto popular en México, como parte del nuevo modelo democrático judicial. No obstante, insistió en que precisamente por respeto a ese nuevo sistema debe garantizarse el cumplimiento estricto de las reglas constitucionales aprobadas.

Ramírez Cuéllar afirmó que cualquier ajuste a la reforma judicial debe orientarse exclusivamente a mejorar la operación técnica, logística y democrática del proceso electoral judicial, sin alterar principios esenciales como la no reelección y la temporalidad de los encargos.

Finalmente, sostuvo que preservar la certeza constitucional y respetar los límites establecidos en la reforma judicial es indispensable para mantener la legitimidad del nuevo modelo de elección judicial frente a la ciudadanía.

“La democratización del Poder Judicial no puede convertirse en un mecanismo para perpetuar cargos. El pueblo de México aprobó un modelo basado en la renovación, la imparcialidad y la temporalidad de las funciones jurisdiccionales. Ese es el espíritu que debemos defender”, concluyó.