EL SISTEMA CORRUPTOR

Por: Ricardo Homs

En su toma de posesión, la presidenta de MORENA, Ariadna Montiel, declaró que “los corruptos no tienen cabida en MORENA”.

Sin embargo, ¿cómo cumplirá esta promesa? ¿Habrá una investigación? ¿Contra quiénes?…

El partido tiene entre sus militantes icónicos a personajes con negras historias de corrupción.

Cortar cabezas no resuelve de tajo el problema, aunque genera una positiva percepción pública de cero tolerancia, como lo han hecho todos los anteriores presidentes de la República al iniciar su gobierno.

El problema de la corrupción no es de individualidades, sino de un sistema gubernamental y político corruptor, que impulsa a los individuos a beneficiarse en lo personal de las oportunidades de enriquecimiento que se les presenten.

Para ello se han creado ciertos patrones de conducta regidos por la complicidad y la tolerancia.

Sin embargo, ese mito de que los mexicanos traemos la corrupción en nuestro ADN nacional es ofensivo. Curiosamente, cuando salimos de nuestras fronteras nos convertimos en ciudadanos ejemplares, como lo son nuestros migrantes en Estados Unidos.

A los mexicanos nos gusta el orden, pero también sabemos que la influencia social apela al desorden.

El ejercicio de la autoridad gubernamental está orientado para convertirnos en infractores a los ciudadanos y así podernos multar y convertir en cómplices a los funcionarios públicos y a los actores políticos.

En las altas esferas del poder, el tener en nuestro historial personal acciones constitutivas de delito por enriquecimiento ilícito garantiza no sólo la lealtad frente al gobierno, sino también el silencio frente a los excesos de quienes nos rodean.

Desde que inició su gobierno el presidente López Obrador, todas las obras se convirtieron en asignaciones directas —con alto grado de opacidad— para favorecer a los cercanos y para tener controlados a quienes se quiere corromper.

Hasta el final de la administración del presidente Peña Nieto —con todo y sus historias de corrupción— había una orientación de la administración pública tendiente hacia la transparencia, la claridad y la certeza jurídica.

La administración pública era una carrera que en esa época se estaba profesionalizando a través de la creación de instituciones que garantizaban la transparencia.

La asignación de contratos era por concurso, pero a partir de la administración de López Obrador se transformaron en asignación directa.

Todas las grandes obras de López Obrador están protegidas del escrutinio público bajo la figura de “información reservada”, lo cual estimula la corrupción, pero deja en el ámbito gubernamental comprometida la lealtad del beneficiario para con él en lo personal y para con su proyecto político.

Todos sabemos que la alternancia partidista en un país, evidentemente, es el resultado de las elecciones cuando ya está instaurado el sistema democrático y se respetan sus reglas.

En contraste, los cambios políticos profundos —esos que implican un cambio de sistema— generalmente nacen desde dentro del partido en el poder, porque implican voluntad política de quien está a la cabeza y puede impulsarlos.

El inicio de la alternancia democrática que marcó el fin de la hegemonía priísta no se le debe a Vicente Fox —que fue el beneficiario— sino al presidente Zedillo, que puso orden en el sistema político para respetar la voluntad del pueblo expresada en esa elección presidencial.

A su vez, el fin de la Unión Soviética no fue resultado —ni de manifestaciones ciudadanas ni de movimientos independentistas de los países que formaban parte del bloque soviético— sino de una visión de Estado del presidente de la Unión Soviética, Mijaíl Gorbachov.

Desde que terminó la Revolución Mexicana y se inició el priato, se empezó a conformar el “sistema corruptor”.

Desde la fundación del PNR en 1929 —padre del PRI— la “no reelección” se convirtió en un dogma sagrado que nadie se ha atrevido jamás a cuestionar hasta nuestros días.

Por ello —para fortalecer el control— se creó en la práctica un sistema corruptor que permitía al presidente, durante seis años, operar con poder absoluto durante su sexenio y pretender imponer a su sucesor, para extender su influencia otro periodo más.

Este sistema corruptor implicaba —dentro de ciertos límites que nunca estaban claros— la decisión de dejar enriquecerse a quienes también ejercen poder, sabiendo que la impunidad que éstos disfrutarían se subordinaría a una lealtad absoluta al presidente y a su proyecto político.

De este modo, la mayor parte de los políticos no tiene las manos totalmente limpias, lo cual los vuelve vulnerables frente a la acción de la justicia y los convierte en incondicionales del régimen en el poder, para tener impunidad.

Sólo quienes tienen la conciencia totalmente limpia pueden ejercer el rol de opositores con éxito.

Sin embargo, también existe otro rol de opositores: aquellos que no tiran la última estocada a fondo y se frenan a tiempo.

Éstos se convierten en personajes útiles al régimen, pues estimulan la percepción pública de que en México se vive la democracia. Además, otorgan al gobierno en funciones la etiqueta de respetuoso y defensor de la libertad de expresión.

En este rol juegan los opositores que se enriquecieron aprovechando cargos anteriores y saben que pasar ciertos límites puede ser peligroso.

En los tiempos del neoliberalismo —cuando alguien se excedía de los límites— se podía hacer acreedor a un castigo, que era capitalizado por el gobierno en turno presentándolo como un escarmiento que daba un mensaje al país: no se toleraba la corrupción.

De este modo, Peña Nieto dio este mensaje con la detención y encarcelamiento de seis gobernadores de su propio partido durante su sexenio.

Sin embargo, durante el gobierno de López Obrador el afán corruptor se volvió un dragón que obedecía sólo al presidente, llegando incluso a corromper a las cabezas de instituciones honorables y respetadas.

La asignación directa era la varita mágica que permitía premiar a unos, enriquecer a los que formaban parte de su círculo personal y corromper a quienes necesitaba convertir en cómplices.

Además, la tolerancia frente a los indicios de que algún alto funcionario público hacía negocios con el crimen organizado aumentó el control político del presidente y fortaleció la lealtad hasta niveles incontrolables, en los que vastas regiones del país quedaron en manos del contubernio entre políticos y criminales.

Por ello, el presidente López Obrador volteaba hacia otro lado cuando la opinión pública —o la prensa— denunciaban el contubernio entre algún funcionario público y la delincuencia organizada y se justificaba con su lema: “abrazos no balazos”.

Incluso, el control llegó al grado de ofrecer impunidad a gente impresentable, a quienes el manto presidencial —convertido en aval— los convertía en intocables frente a las instituciones de justicia.

Podemos concluir que la lucha contra la corrupción en México hoy es —y siempre ha sido— un teatro demagógico.

La corrupción es un cáncer muy extendido porque se ha convertido en un sistema de redistribución, por una parte, y de control político por otra, donde además la injerencia del crimen organizado —totalmente empoderado hoy— añade variables de alta peligrosidad política, pues las pruebas de los delitos de los funcionarios públicos las tienen los criminales, para utilizarlas como una herramienta de negociación.

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