LOS GRANDES MITOS

Ricardo Homs

El tema del narcotráfico es complejo y está contaminado por grandes mitos hoy vigentes. El más socorrido es que el narcotráfico fue impulsado por el gobierno norteamericano para tener estupefacientes y así tranquilizar a sus jóvenes soldados durante la segunda guerra mundial,-así como durante las guerras de Corea y Vietnam-, y por ello negoció con el gobierno mexicano para impulsar la siembra de amapola en Sinaloa, corrompiéndose así nuestra clase política.

Esta narrativa refiere que cuando el incremento del consumo se salió de control y se convirtió en un problema de salud pública,al reintegrarse los soldados a su vida cotidiana en Estados Unidos-, el gobierno de Richard Nixon inició las presiones sobre México para frenar el narcotráfico, lo cual fue imposible de lograr. Este mito nos victimiza y convierte al gobierno norteamericano en el causante de este grave problema que hoy ha generado,-en nuestro territorio-, una crisis delincuencial de alto impacto social y político. Sin embargo, hay mucha obra publicada sobre el tema del narcotráfico que contradice esta versión.

Luis Astorga,-quizá uno de los más importantes especialistas del tema o el más experimentado-, sociólogo, miembro del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, miembro del SNI, con siete libros publicados sobre este tema, entre ellos “El siglo de las drogas”, es tajante al contradecir esta versión, pues a lo largo de muchos años de investigación de este fenómeno social,tanto en México como en Estados Unidos-, no ha encontrado ninguna evidencia, ni de negociación, acuerdo o simple petición. Él atribuye este mito a las autoridades sinaloenses que desde hace varios años encontraron como justificarse con este argumento. A su vez, Guillermo Valdés,-quien fuera director del CISEN y autor del libro “Historia del narcotráfico en México”- destaca en su obra el decisivo involucramiento de autoridades mexicanas en contubernio con los cárteles.

El narcotráfico se desarrolló exitosamente por la protección de las autoridades mexicanas. Por ello el gobierno norteamericano hoy tiene puesta la mira en nuestros narcopolíticos, participación pues sin su este grave problema de seguridad no habría alcanzado la dimensión que hoy tiene. Asuvez, Astorga en varios de sus libros analiza cómose haenraizado el tema del narcotráfico en varias regiones del país, generando incluso una cultura propia con canciones, símbolos, imágenes, vestimenta, e incluso, un santo,que es Jesús Malverde-, al cual se encomiendan quienes viven en ese entorno delincuencial. Neutralizar una cultura popular de tipo aspiracional,-caracterizada por el mito del dinero fácil, el poder y las mujeres bellas-, no se logra simplemente promoviendo el deporte, otorgando becas, ni con campañas sustentadas en mensajes motivacionales y moralizadores, sino con un proyecto educativo de largo plazo, muy profesional y sustentado en valores.

Los poderosos narcotraficantes de antes,- los de la vieja guardia como el Mayo y el Chapo-, evitaban estar visibles frente a las autoridades,-aunque las tuviesen compradas-, para así seguir enfocados en sus actividades comerciales y sus negocios de drogas. La violencia que generaban sólo era practicada en contra de sus enemigos declarados. Eran tiempos en que los cárteles seguían reglas como las de la mafia siciliana, en contraste con el exhibicionismo de hoy,-visible en las calles y en las redes sociales-, donde la violencia sádica se graba en video y luego se hace pública para alimentar el morbo social y aterrorizar a sus enemigos.

Sin embargo, en algún momento hubo algún rompimiento que generó un cambio radical de conducta en la delincuencia organizada, convirtiendo a la sociedad en un objetivo del negocio. Parece ser que hubo dos momentos cruciales. El primero de ellos,-el 11 de diciembre del 2006-, cuando Felipe Calderón,-con mucha voluntad política pero poca planeación-, declaró abiertamente la guerra a los cárteles y mandó fuerzas federales y ejército a Michoacán. Sin embargo, no hubo blindaje previendo las consecuencias previsibles, como lo fue la llegada de una generación más violenta, retadora y exhibicionista.

A partir de esos operativos se descabezaron los cárteles poderosos y estos se fragmentaron bajo el liderazgo de gente impetuosa, violenta y sin la experiencia comercial de los anteriores capos. Como el negocio de las drogas era sistematizado, con grandes redes de distribución y cada vez se volvía más difícil exportar a Estados Unidos, estos nuevos liderazgos criminales voltearon hacia la ciudadanía y decidieron convertir a la sociedad en su nuevo objetivo de negocio y empezaron a cobrar derecho de piso y extorsiones entre otras agresiones.

Un segundo momento de expansión criminal lo representó la política obradorista de “abrazos … no balazos”, caracterizado no sólo por la inacción tolerante y cómplice con el crimen organizado, sino por la banalización del conducta en la delincuencia organizada, convirtiendo a la sociedad en un objetivo del negocio. Parece ser que hubo dos momentos cruciales.

El primero de ellos,-el 11 de diciembre del 2006-, cuando Felipe Calderón,-con mucha voluntad política pero poca planeación-, declaró abiertamente la guerra a los cárteles y mandó fuerzas federales y ejército a Michoacán. Sin embargo, no hubo blindaje previendo las consecuencias previsibles, como lo fue la llegada de una generación más violenta, retadora y exhibicionista.

A partir de esos operativos se descabezaron los cárteles poderosos y estos se fragmentaron bajo el liderazgo de gente impetuosa, violenta y sin la experiencia comercial de los anteriores capos. Como el negocio de las drogas era sistematizado, con grandes redes de distribución y cada vez se volvía más difícil exportar a Estados Unidos, estos nuevos liderazgos criminales voltearon hacia la ciudadanía y decidieron convertir a la sociedad en su nuevo objetivo de negocio y empezaron a cobrar derecho de piso y extorsiones entre otras agresiones. Un segundo momento de expansión criminal lo representó la política obradorista de “abrazos … no balazos”, caracterizado no sólo por la inacción tolerante y cómplice con el crimen organizado, sino por la banalización del delito, como lo muestra aquella frase, utilizada por López Obrador, expresada en tono de regaño en una mañanera: “los voy a acusar con sus mamásyabuelos”.

Es fundamental descubrir que durante ese sexenio se intentó justificar el delito con una narrativa ideológica que liberaba moralmente al delincuente de cargos de conciencia, a partir de hacerlo sentir víctima de las injusticias sociales y económicas. De este modo la violencia criminal,responsable de la desaparición de más de 130 mil jóvenes, hombres y mujeres-, del reclutamiento de niños como sicarios, del cobro de piso y las extorsiones a los micro empresarios, de los campos de adiestramiento paramilitar y crematorios, del desplazamiento de comunidades rurales enteras que son arrojadas fuera de sus tierras, así como del robo al autotransporte en carreteras, es que el delito se justificó moralmente como parte de una reivindicación social y política.

Simplemente la narrativa de López Obrador reivindicando los derechos humanos de los delincuentes, marcan una tendencia. Este imperceptible pero determinante cambio en la mente colectiva,-y la creación de una nueva conciencia moral-, ha abierto la caja de Pandora y ha estimulado a muchas familias a cobrar esta deuda social delinquiendo.

La criminalidad está desarrollándose hoy en entornos familiares, lo cual evidencia la pérdida de valores morales. Por otra parte, esta supuesta “deuda social” está generando empatía entre un alto porcentaje de nuestra población con los grupos delincuenciales, que han logrado revivir el mito de Robin Hood y de Chucho el roto.

El mensaje de que robando a los que tienen y beneficiando a la comunidad se hace justicia social ha generado un blindaje social de protección a los criminales que dificulta la labor de los cuerpos policiacos. La ideologización del fenómeno delincuencial ha sido determinante. Hay impunidad por la tolerancia que recibe el crimen organizado a partir de la evidente complicidad de gobernadores, alcaldes y todo tipo de funcionarios, seducidos con dinero o con amenaza a su vida o ala de sus familias.

Los funcionarios públicos saben que transgredir la ley tiene soluciones jurídicas,sobre todo si se pertenece al partido en el poder-, pero con el crimen organizado no hay negociación posible y la vida está de por medio. La decisión por tomar no es complicada.

Sin embargo, el involucramiento de la justicia norteamericana no estaba ni remotamente considerado, lo cual ha puesto en crisis emocional a nuestra clase política. El crimen organizado es generoso al seducir, pero se protege cuando da, pues guarda testimonios en videos y fotos de cada reunión con algún funcionario público, para poder extorsionarlo filtrando a la prensa esas imágenes si no cumple lo pactado.

Sin embargo, las entregas pactadas a Estados Unidos de miembros de la delincuencia organizada,-así como las negociaciones de los que fueron entregados y pretenden convertirse en colaboradores para reducir sus condenas-, seguramente incluyen la entrega de estos testimonios videograbados a las autoridades norteamericanas. Seguramente a ello se debe la presión extrema a la que la clase política oficialista está sometiendo a la presidenta Sheinbaum para que se niegue a cumplir con los compromisos en materia de extradición. De ahí se deriva el discurso de la soberanía,-bastante endeble, por cierto-, y la nueva preocupación patriótica por la intervención extranjera en las elecciones-, todo lo cual lleva una dedicatoria antiyanqui.

Exigir pruebas,-que evidentemente están a la vista-, no es mas que una estrategia dilatoria de este gobierno presidido por la Dra. Sheinbaum para las proteger a sus correligionarios de MORENA, hoy requeridos por autoridades norteamericanas. judiciales Sin embargo, parece no haber conciencia de que el crecimiento de la cultura delictiva a partir de la impunidad tarde o temprano va a llevar a este gobierno a la ingobernabilidad.

Las próximas elecciones intermedias están a la vuelta de la esquina y no se percibe un gran proyecto,-desarrollado profesionalmente-, para impedir la intervención del crimen organizado. Hay ocurrencias e improvisación. Mientras el gobierno de la presidenta Sheinbaum no asuma el compromiso de juzgar y castigar de modo ejemplar a sus correligionarios coludidos con el crimen organizado,-lo cual sí hizo Peña Nieto al encarcelar a varios gobernadores priístas denunciados simplemente de corrupción-, se arriesga a que las autoridades norteamericanas fortalezcan sus peticiones.

Hasta hoy lo único que se percibe es tolerancia y protección para los denunciados por las autoridades judiciales de Estados Unidos. Hoy es el momento de tomar decisiones históricas, pero el tiempo se acorta.

RECHAZO A LA INTERVENCIÓNEXTRANJERA

Los patriotas de MORENA están preocupados por la intervención extranjera en las campañas electorales, y ya hicieron su ley para evitarla. Sin embargo, han olvidado crear una ley para evitar la intervención del crimen organizado en las mismas elecciones. A final de cuentas saben que la delincuencia cuando interviene en elecciones es para apoyar a los candidatos de MORENA. Mejor dejarles manifestar sus preferencias electorales… Al fin y al cabo son mexicanos. Delincuentes, pero nacionales y con derechos.

¿LA GUARDIA NACIONAL POR ENCIMA DE LA LEY?

Dar poder absoluto a los miembros de la Guardia Nacional para que detengan ciudadanos para revisarlos,-por simples sospechas-, es de altísimo riesgo. Otorgar al criterio personal un valor superior a la visión institucional, jurídica,-de nuestro marco legal-, provocará extorsiones y corrupción. Esta nueva propuesta legislativa comete vergonzosa inconsistencia legal… “nada puede estar por encima de la ley y de las normas”.

Esta iniciativa refleja la estupidez política de hoy. ENELLIMBO Ahora resulta que después de anunciar con bombo y platillo que se restringiría el registro de candidatos hasta verificar que no hubiese vínculos con el crimen organizado, el INE,directamente a través de su presidenta Guadalupe Taddei-, se deslinda de esta responsabilidad, pues se definen como una institución administrativa.

Además, por ahí se empieza a decir en el Congreso que esta no será una verificación obligatoria. Esta indispensable verificación que acredite la calidad moral de candidatos parece ser que se perderá en el limbo. Instrumentar esta certificación moral con improvisación es un riesgo para los candidatos de oposición, pues permite al oficialismo eliminar buenos candidatos competitivos bajo el argumento de simples sospechas, pero no hacerlo también es peligroso, hoy que el crimen organizado participa en elecciones e impone candidatos.

¿SOBERANÍA? ¿Defender nuestra soberanía equivale a proteger delincuentes? ¿A usted qué le parece?

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