Informe de desaparecidos: Sheinbaum rechaza reporte de la ONU

Informe de desaparecidos: Sheinbaum rechaza reporte de la ONU.

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Informe de desaparecidos y rechazo oficial

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el informe de desaparecidos del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU no analiza años recientes, sino que extrapola a 2025 datos obtenidos entre 2009 y 2016. En su conferencia matutina, sostuvo que por esa razón su gobierno rechazó el documento y pidió a la Secretaría de Relaciones Exteriores explicar los argumentos oficiales.

Según la mandataria, el informe de desaparecidos se apoya en información de cuatro entidades del país correspondiente a un periodo anterior, pero proyecta sus resultados al contexto actual. Además, señaló que el texto no incorporó las acciones emprendidas por su administración para atender el problema y combatir la desaparición vinculada con la delincuencia organizada.

¿Por qué se cuestiona el informe de desaparecidos?

Sheinbaum sostuvo que el informe de desaparecidos también rebasa lo previsto en los estatutos de ese comité y de la ONU sobre la caracterización de la desaparición forzada. Bajo esa postura, el gobierno federal calificó el documento como “tendencioso y falto de rigor jurídico”, una definición que la Secretaría de Gobernación ya había expresado el pasado viernes.

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Informe de desaparecidos y respuesta diplomática

La respuesta oficial surgió después de que el comité solicitó al secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, remitir con carácter urgente la situación de México a la Asamblea General, con el fin de considerar apoyos para prevenir, investigar, sancionar y erradicar estos crímenes. Frente a ello, Sheinbaum anunció que buscará una relación estrecha con el alto comisionado de la ONU para exponer por qué México no comparte el informe de desaparecidos.

Por separado, la presidenta aclaró que la iniciativa de Ley General contra el Feminicidio presentada en marzo no contempla retroactividad para reabrir casos previos. No obstante, indicó que su gobierno analiza una legislación general para investigar mejor esos delitos y reducir la impunidad. El debate sigue abierto ante la opinión pública: ¿cómo conciliar la revisión internacional con la respuesta institucional mexicana?

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