Tras una visita oficial, el Subcomité de la ONU para la Prevención de la Tortura reconoció que México mostró compromiso político para combatir y prevenir la tortura. La delegación identificó avances relevantes en el marco legal y en la creación de instituciones especializadas. Sin embargo, también señaló brechas entre la norma jurídica y su aplicación, así como retos persistentes en la investigación efectiva de los casos y en la lucha contra la impunidad.
La misión se realizó del 25 al 30 de enero, lo que marcó el regreso del Subcomité al país después de una década, tras su última visita en 2016. Durante ese periodo, los expertos sostuvieron reuniones con autoridades, instituciones y actores clave, además de realizar entrevistas confidenciales con personas privadas de la libertad y personal de los centros visitados.
¿Dónde persisten las preocupaciones?
El Subcomité expresó preocupación por las condiciones y prácticas coercitivas en centros de tratamiento de adicciones, en particular los que operan de forma privada y sin regulación adecuada. De acuerdo con la delegación, estos espacios representan un riesgo de malos tratos y requieren acción urgente por parte del Estado.
Durante la visita, el equipo recorrió cárceles para hombres y mujeres, comisarías, hospitales psiquiátricos y centros de adicciones. A partir de estas observaciones, los expertos detectaron inconsistencias entre lo que establece la ley y lo que ocurre en la práctica. Por ejemplo, aunque la legislación prohíbe la institucionalización involuntaria, esa disposición no se reflejó en todos los casos observados.
La ONU valoró la adopción de medidas legislativas clave, como la Ley General para la Prevención de la Tortura de 2017 y las reformas a la Ley General de Salud en 2023. También destacó la creación de fiscalías especializadas y el fortalecimiento del Mecanismo Nacional de Prevención (MNP) con un marco jurídico sólido.
No obstante, la jefa de la delegación, Carmen Comas-Mata, subrayó la necesidad de mejorar la implementación, nombrar con prontitud a los integrantes pendientes del Comité Técnico del MNP y restablecer la cooperación con la sociedad civil. El Subcomité presentará un informe confidencial al gobierno federal y alentó a hacerlo público para avanzar en sus recomendaciones.
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