¡Ocoyoacac arde! Comunidad señala presunta extorsión policial y exigen respuesta inmediata a Nancy Valdez Ruiz presidenta municipal
La indignación crece en Ocoyoacac tras la denuncia pública contra elementos de la policía municipal
Presuntamente a bordo de la patrulla 110 y bajo el mando del oficial identificado como Fernando Rivera. Los hechos habrían ocurrido la mañana del domingo 22 de febrero, alrededor de las 8:30 horas, sobre la autopista.
De acuerdo con la versión difundida, el ciudadano fue interceptado bajo el argumento de transportar “carga ilegal”: tres bidones de gasolina. Acto seguido, habrían llegado las amenazas: llevarlo al Ministerio Público, enviar su vehículo al corralón y complicar su situación legal. Después, según la acusación, la oferta: “arréglate y aquí queda”.
¿Revisión o presión económica?
Especialistas advierten que portar bidones no configura por sí mismo un delito si no existe evidencia de actividad ilícita. En cambio, utilizar la amenaza de una detención para obtener dinero sí podría constituir una conducta delictiva grave.
La molestia ciudadana no solo radica en el presunto abuso, sino en la sensación de que este tipo de prácticas se repiten bajo el amparo del uniforme. La autopista, denuncian vecinos, no puede convertirse en escenario de intimidación ni en herramienta de presión económica.
Exigen acciones inmediatas
Las críticas se dirigen directamente a la presidenta municipal, Nancy Valdez Ruiz, a quien ciudadanos exigen resultados claros:
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Identificación formal de los elementos señalados.
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Investigación interna transparente.
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Separación inmediata del cargo mientras se esclarecen los hechos.
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Cero tolerancia a la extorsión.
Para muchos habitantes, el silencio institucional sería una señal preocupante. Advierten que cuando la autoridad no corrige posibles abusos, el mensaje que se envía es de permisividad.
Confianza en riesgo
En un contexto donde la seguridad es una de las principales demandas sociales, acusaciones como esta golpean la credibilidad de la corporación municipal. Si se comprueba la denuncia, no solo se trataría de un acto individual, sino de un problema estructural que requiere medidas contundentes.
La ciudadanía exige claridad. Porque el uniforme debe representar protección, no miedo. Y el poder, insisten, no puede convertirse en licencia para intimidar.
