En la CDMX se impulsa capacitación judicial obligatoria para atender violencia vicaria
Buscan prevenir la revictimización de mujeres, niñas y niños en procesos judiciales
En la Ciudad de México se promueve una reforma legal para establecer capacitación judicial obligatoria en perspectiva de género y violencia vicaria, con el objetivo de mejorar la atención de estos casos dentro del sistema de justicia y evitar la revictimización de mujeres y menores durante los procesos legales.
La propuesta plantea modificaciones a la Ley Orgánica del Poder Judicial local y a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el fin de que juezas y jueces cuenten con formación especializada permanente al resolver asuntos relacionados con este tipo de agresiones. La iniciativa parte del reconocimiento de que el desconocimiento institucional ha derivado en decisiones que afectan directamente a las víctimas.
La violencia vicaria se identifica como una forma de violencia de género en la que el agresor utiliza a hijas e hijos como instrumento para dañar, controlar o intimidar a la mujer. En los casos más graves, este patrón puede derivar en la pérdida de la custodia, afectaciones físicas o incluso la muerte de menores. Datos expuestos durante la presentación de la propuesta indican que la capital del país concentra más del 15 por ciento de los casos reportados a nivel nacional.
Reforma judicial y enfoque preventivo
La iniciativa se articula en dos ejes principales. El primero se centra en la formación judicial obligatoria, al establecer la capacitación en perspectiva de género, violencia vicaria, feminicidio y derechos de la infancia como un requisito para la evaluación, ratificación y promoción de juezas y jueces en la Ciudad de México.
El segundo eje apunta a fortalecer la política pública preventiva. En este apartado, se propone que el Gabinete de Igualdad, las dependencias del gobierno capitalino, las alcaldías y la Secretaría de las Mujeres integren de manera obligatoria programas de capacitación y acciones especializadas en sus estrategias de prevención, detección y atención de la violencia contra mujeres y menores.
De acuerdo con los planteamientos de la iniciativa, el objetivo es consolidar una respuesta institucional integral que no se limite a la sanción, sino que priorice la prevención, la detección temprana y la protección efectiva de las víctimas. La coordinación entre autoridades judiciales y dependencias gubernamentales se considera clave para cerrar vacíos en la atención de estos casos.
La propuesta también se sustenta en el marco legal vigente, ya que la Constitución de la Ciudad de México establece la obligación de impartir justicia con perspectiva de género, criterio que ha sido reiterado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversas resoluciones.
Con estas reformas, el Congreso capitalino busca avanzar hacia un sistema judicial más sensible, especializado y alineado con los derechos humanos, particularmente en casos donde mujeres, niñas y niños enfrentan escenarios de alta vulnerabilidad.
