Gaseras entran a regularización ambiental

El Gobierno federal abrió un programa extraordinario que permitirá a gaseras y gasolineras ponerse en regla en materia de impacto ambiental, una medida que busca ordenar al sector energético sin frenar su operación. El esquema aplica en todo el país y tendrá carácter temporal y voluntario, de acuerdo con lo publicado en el Diario Oficial de la Federación.

La iniciativa se dirige a plantas de distribución de Gas LP, así como a estaciones de servicio de gasolina y diésel, siempre que se encuentren inscritas en el Registro Nacional de Instalaciones de Gasolinas y Gas Licuado de Petróleo (RENAGAS). Con ello, las autoridades buscan cerrar rezagos históricos y reducir riesgos ambientales.

¿Por qué se abre este programa especial?

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a través de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), detectó que cerca del 60 por ciento de las instalaciones registradas carecen de una autorización vigente de impacto ambiental. En algunos casos, nunca se tramitó; en otros, el documento quedó desactualizado frente a la operación actual.

Según el diagnóstico oficial, esta situación se originó por procesos administrativos fragmentados a lo largo de varios años. Las autorizaciones se otorgaron bajo marcos legales distintos, con la intervención de autoridades federales, estatales y locales, lo que dejó vacíos normativos que ahora buscan corregirse.

Por ello, el nuevo programa pretende ordenar el sector sin eliminar los mecanismos de supervisión, ni frenar la aplicación de sanciones cuando se detecten irregularidades graves.

¿Quiénes pueden regularizarse y bajo qué condiciones?

El acuerdo establece que podrán incorporarse aquellas instalaciones que ya estén registradas en el RENAGAS. Además, se incluirán plantas y estaciones que, antes del 17 de diciembre, hayan presentado su solicitud de inscripción y esta haya sido aceptada por la ASEA.

También podrán acceder quienes cuenten con la certificación del Programa Nacional de Auditoría Ambiental (PNAA). En todos los casos, la regularización no elimina obligaciones previas ni reduce los estándares técnicos ambientales vigentes.

Durante el proceso, la ASEA mantendrá la facultad de solicitar información adicional, así como de realizar inspecciones y verificaciones en cualquier momento. El objetivo, según la autoridad, consiste en evitar que la regularización se convierta en una vía para encubrir riesgos.

¿Qué pasa si una instalación representa un peligro?

El programa no aplica para todos. Si la ASEA detecta que una instalación implica un riesgo inminente de desequilibrio ecológico, daños graves a los recursos naturales o afectaciones a la salud pública, podrá imponer medidas de seguridad inmediatas.

Además, quedarán excluidas del procedimiento aquellas empresas que presenten información falsa, enfrenten procesos por delitos ambientales graves o representen amenazas significativas para la población.

La Agencia notificará las exclusiones definitivas a través de su plataforma digital, donde los interesados podrán solicitar las razones de la decisión. El acuerdo, que entra en vigor a partir de mañana, busca ordenar al sector energético bajo un mensaje claro: regularizarse ahora o enfrentar consecuencias después.