FGR rechaza consigna contra Amparo Casar

FGR rechaza consigna contra Amparo Casar.

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¿Qué respondió la Fiscalía General?

La Fiscalía General de la República (FGR) negó de forma categórica actuar por consigna en la investigación relacionada con la pensión otorgada por Pemex a María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI). A través de un posicionamiento público, la institución sostuvo que su actuación se apega al marco jurídico y que no responde a intereses externos.

En ese contexto, la FGR afirmó que el Ministerio Público Federal revisa de manera minuciosa la carpeta de investigación con el objetivo de confirmar que su integración cumpla con la ley. Con ello, buscó desmentir versiones difundidas en redes sociales que señalan un supuesto uso político del caso.

Antecedentes del expediente judicializado

El expediente se relaciona con una investigación iniciada por el presunto uso ilícito de atribuciones y facultades, delito por el cual se analiza la actuación de Amparo Casar en la obtención de una pensión vitalicia tras la muerte de su esposo, Carlos Fernando Márquez Padilla, ocurrida el 7 de octubre de 2004.

De acuerdo con información oficial presentada en 2024, Márquez Padilla ingresó a Petróleos Mexicanos el 1 de junio de ese año como coordinador ejecutivo en un área directiva. Su permanencia en el cargo se limitó a 129 días, periodo tras el cual ocurrió su fallecimiento.

Posteriormente, el 19 de octubre de 2004, se solicitó el pago de la pensión post mortem para los beneficiarios, con efectos a partir del día siguiente al deceso. En su momento, peritajes oficiales concluyeron que la muerte se debió a un suicidio y no a un accidente, dato que forma parte central del análisis ministerial.

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¿Cuáles son los señalamientos económicos?

Durante una conferencia pública en mayo de 2024, el entonces director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, informó que la paraestatal identificó un posible daño patrimonial. Según sus declaraciones, el monto ascendería a 31 millones de pesos, derivados del cobro mensual aproximado de 125 mil pesos durante varios años.

A partir de esos elementos, el Ministerio Público judicializó la carpeta en septiembre, aunque la FGR aclaró que el procedimiento no se inició de manera reciente, como se difundió en algunas versiones. La institución reiteró que el análisis se mantiene en curso y que se respetarán los derechos de las partes involucradas.

Finalmente, la FGR subrayó que la audiencia inicial, programada para el próximo martes, permitirá que un juez de control revise los argumentos de la fiscalía y determine el curso legal del proceso. Mientras tanto, insistió en que su actuación responde únicamente a criterios legales y no a consignas políticas o mediáticas.

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