Extorsión, a extirpar la metástasis.

Ricardo Peralta

La publicación en el Diario Oficial de la Federación de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión representa un parteaguas en la política criminal mexicana. Por primera vez, el país cuenta con un tipo penal unificado en las 32 entidades, con penas más severas y una estrategia nacional diseñada para enfrentar un delito que hoy opera como un cáncer social que avanza sin resistencia.

Las cifras hablan por sí mismas: entre 2019 y 2024, las denuncias por extorsión aumentaron alrededor de 17 %, pasando de poco más de 8,700 a más de 10,200 casos. En 2024 se registraron más de 10,800 víctimas y, sólo entre enero y julio de 2025, el número superó los 6,800 casos. La extorsión posee una cifra negra alarmante: cerca del 97 % de los eventos no se denuncian. Esta omisión institucional acumulada se explica por el miedo, la desprotección y la falta de una política nacional coherente durante décadas.

La nueva ley rompe con esa inercia. Antes, cada estado definía la extorsión a su manera, generando vacíos y contradicciones que fueron aprovechados por grupos criminales para operar sin consecuencias reales. Hoy, el tipo penal básico establece penas de 15 a 25 años de prisión, muy superiores a los 6 a 15 años que prevalecían en la mayoría de los códigos locales. Se incorporan agravantes para la extorsión digital —que crece de forma acelerada—, para el uso de armas, para la participación de grupos organizados y para servidores públicos que, con conocimiento del delito, guardaban silencio. Además, la extorsión se perseguirá de oficio, eliminando uno de los mayores obstáculos para la víctima: tener que denunciar personalmente a quienes la amenazan.

Esta reforma exhibe con claridad todo lo que el Estado dejó de hacer:

• No se construyeron unidades especializadas en extorsión dentro de las fiscalías.
• No existía una base de datos nacional que rastreara teléfonos, cuentas bancarias y patrones del delito.
• No se atendió la dimensión social del cobro de piso, que se normalizó en mercados, transporte, pequeñas empresas y barrios enteros.
• No se desarrollaron mecanismos robustos de inteligencia financiera para desmantelar las redes económicas del crimen.
• No se reconoció que la extorsión había dejado de ser un delito telefónico para convertirse en control territorial.

Frente a esa omisión estructural, la iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum constituye el primer esfuerzo serio para enfrentar la extorsión en su complejidad real. Su planteamiento no se reduce a endurecer penas: articula prevención, investigación, protección a víctimas, inteligencia financiera y extinción de dominio en un solo marco nacional. Se trata de un diseño integral que permite intervenir el fenómeno desde todos sus ángulos: económico, social, psicológico y territorial.

El respaldo técnico y operativo de Omar García Harfuch resulta decisivo. Su experiencia en investigaciones complejas, articulación de inteligencia y despliegues policiales interinstitucionales aporta profesionalismo a un problema que había sido administrado con improvisación. El enfoque ahora es claro: desmantelar redes, cancelar de inmediato números utilizados para extorsionar, congelar cuentas, intervenir corredores comerciales y devolverle al Estado la autoridad que los grupos criminales sustituyeron.

Los datos muestran que la extorsión ya no es un delito de baja intensidad. Más del 80 % de los casos contra empresas siguen siendo telefónicos, pero el cobro de piso presencial crece a un ritmo que afecta inversión, empleo y cohesión comunitaria. Muchas regiones del país han normalizado pagar por trabajar, por vender, por abrir una cortina.

La nueva ley ofrece el bisturí jurídico que faltaba. Ahora corresponde a los gobiernos estatales, las fiscalías y los poderes judiciales aplicarlo con rigor. Extirpar la metástasis de la extorsión no será posible con discursos ni con operativos aislados: requiere decisión política, recursos, inteligencia y un compromiso institucional absoluto para que ninguna familia mexicana vuelva a pagar un impuesto criminal por el simple derecho a vivir en paz.

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