Corte rechaza amparos y dinero queda firme
El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió por unanimidad desechar siete amparos presentados por Ricardo Salinas Pliego y su grupo empresarial. Con ello, queda firme la obligación de cubrir 48 miles 326 millones de pesos por créditos fiscales relacionados con los ejercicios de 2008 a 2013. El monto se divide en **43 mil 263 millones para Elektra y 5 mil 63 millones para Televisión Azteca, más recargos, actualizaciones y multas.
El fallo se produjo en una de las primeras sesiones del nuevo periodo de la Corte, con todos los ministros avalando la resolución que declara sin lugar los recursos del Grupo Salinas. Los magistrados estimaron que los amparos “carecían de interés excepcional” y no planteaban una nueva cuestión constitucional que justificara su admisión.
Reacción y contexto político-empresarial
El Grupo Salinas calificó la sentencia como “un día negro para la justicia y el Estado de derecho”, y sostuvo que la decisión obedeció a una representación política dirigida desde el gobierno. Ricardo Salinas Pliego anunció que recurrirá a tribunales internacionales para defender sus derechos.
Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, comentó públicamente: “Mejor pagar tus impuestos en lugar de gastar en campañas en redes”, en alusión al empresario y su grupo. El pronunciamiento de la jefa del Ejecutivo refuerza el carácter político del debate sobre los grandes contribuyentes y el ejercicio fiscal en el país.
El monto acordado se origina en créditos fiscales por Impuesto sobre la Renta (ISR) correspondientes a ejercicios que abarcan desde 2008 hasta 2013. Originalmente, Grupo Salinas había impugnado alrededor de 33 mil 477 millones de pesos, cifra que creció con actualizaciones, recargos y multas hasta alcanzar el monto final.
Importancia institucional y económica
La resolución marca un precedente relevante sobre el papel de la Corte en el control de impugnaciones fiscales de grandes grupos empresariales. También sugiere un endurecimiento del tratamiento fiscal hacia conglomerados con posibles efectos sistémicos en la economía. Un eventual pago efectivo de más de 48 mil millones de pesos representaría un impacto relevante para el fisco y podría incidir en la percepción de responsabilidad fiscal de grandes corporativos.
El caso acentúa la atención sobre el equilibrio entre los derechos de los contribuyentes y la exigencia de cumplimiento por parte del Estado. A la par, refuerza la exigencia de transparencia, tanto en tribunales como en el ejercicio empresarial.
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