La Fiscalía General del Estado de Michoacán investiga el asesinato de un adolescente de 16 años, identificado como Josué “N”, que presuntamente participó en la muerte del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo. El hallazgo se produjo el lunes en la comunidad indígena de Capácuaro, sobre la carretera estatal que conecta Uruapan con Paracho. El cuerpo del menor estaba envuelto en bolsas de plástico y junto al cadáver de un hombre, dentro del poblado.
¿Qué se sabe hasta ahora?
El gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedolla, adelantó que existen avances importantes para determinar la implicación de Josué “N” como uno de los cómplices del asesino material de Manzo, Víctor Manuel Ubaldo Vidales, un joven de 17 años originario de Paracho. Vidales fue identificado por las pruebas forenses como autor del crimen en contra del edil y abatido por los escoltas del funcionario municipal.
La Fiscalía informó que la víctima presentó severas huellas de violencia y recibió al menos un impacto de bala. Las indagatorias apuntan a que Josué “N” pudo haber colaborado con Vidales para estudiar la rutina del alcalde durante el evento en que fue atacado. El homicidio de Manzo está relacionado con pugnas entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y otras organizaciones criminales, según las autoridades.
Repercusión e implicaciones
Este nuevo crimen pone de relieve la participación de menores en delitos graves vinculados al crimen organizado, fenómeno que las autoridades locales califican como preocupante. En Uruapan y zonas aledañas operan múltiples células delictivas que buscan ejercer dominio territorial y de extorsión sobre comunidades e industrias locales.
La muerte de Josué “N” complica aún más la investigación, ya que abre interrogantes sobre la integridad de la cadena de complicidad y la capacidad del Estado para prevenir el reclutamiento de jóvenes en estructuras criminales.
Por su parte, la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz García, que asumió el cargo tras el asesinato de Carlos Manzo, exige una redefinición de las estrategias de seguridad y advierte que las fuerzas federales deben enfocarse en el combate directo a las redes delictivas, no solo en patrullajes visibles.
Este caso representa un paso más en el complejo entramado de violencia en Michoacán, donde los ataques a autoridades municipales y la participación de menores en hechos graves están generando un clima de inseguridad persistente. Las autoridades estatales y federales sostienen que dar con todos los responsables intelectuales y materiales será crucial para restablecer el Estado de derecho en la región.
