Esquivel defiende la protección a la vida privada
¿Qué analizó la Suprema Corte?
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió una acción de inconstitucionalidad que cuestionaba la validez de ciertas disposiciones de la Ley Orgánica de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Quintana Roo. El debate se centró en las facultades de la Fiscalía para solicitar la intervención de comunicaciones privadas y la localización geográfica en tiempo real durante investigaciones.
Durante la sesión, la ministra Yasmín Esquivel Mossa subrayó la importancia de proteger la vida privada de la ciudadanía, recordando que el artículo 16 constitucional garantiza la inviolabilidad de las comunicaciones. Explicó que solo el titular del Ministerio Público en cada entidad puede pedir autorización judicial para realizar este tipo de intervenciones, y que esa competencia no puede trasladarse a otras autoridades, como las fiscalías especializadas.
¿Por qué no puede ampliarse esta facultad?
La ministra advirtió que la Constitución Federal no contempla la posibilidad de otorgar esa atribución a una pluralidad de autoridades ministeriales, incluso si se trata de delitos graves como la corrupción. En su intervención, Esquivel Mossa argumentó que permitir una ampliación de competencias podría derivar en un uso indiscriminado de la intromisión en la vida privada de las personas.
“Nos podría parecer muy importante la lucha contra la corrupción, pero mientras la Constitución disponga la indivisibilidad de la facultad de ordenar la intervención de las comunicaciones privadas, tampoco podemos generar su dispersión”, afirmó. La ministra advirtió sobre el riesgo de vulnerar derechos fundamentales bajo el argumento de reforzar las investigaciones, sin un sustento constitucional expreso que lo justifique.
¿Qué aspectos resultaron constitucionales?
En contraste, la SCJN validó la parte de la legislación local que permite la localización geográfica en tiempo real, ya que esta disposición remite al Código Nacional de Procedimientos Penales, lo que garantiza que las solicitudes se realicen conforme al marco legal vigente.
La ministra Esquivel Mossa puntualizó que la persecución de delitos de corrupción requiere mecanismos efectivos, pero siempre dentro de los límites que establece la Constitución. Reiteró que las investigaciones deben realizarse con medidas proporcionales y respetuosas de los derechos humanos, asegurando que la búsqueda de justicia no se convierta en una excusa para vulnerar la privacidad de las personas.
Con esta resolución, la Corte reafirmó que el equilibrio entre la seguridad pública y las libertades individuales es indispensable para mantener la confianza en las instituciones y el Estado de Derecho.
