Turbulencia bilateral: México y EE.UU. chocan en el aire

Irene Muñoz.

La reciente decisión del gobierno de Donald Trump de revocar la aprobación de trece rutas de aerolíneas mexicanas hacia Estados Unidosmarca un punto de inflexión en la relación bilateral y confirma que la aviación comercial ya no es solo un asunto técnico, sino un terreno de disputa política y económica. Detrás de lo que podría parecer una medida administrativa se encuentra una maniobra estratégica que combina presión diplomática, nacionalismo económico y reposicionamiento geopolítico.

El Departamento de Transporte de Estados Unidos ordenó suspender todos los servicios combinados entre ese país y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), además de congelar nuevas rutas o expansiones desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). Esto deja en pausa vuelos de Aeroméxico, Volaris y Viva Aerobus hacia destinos clave como Houston, Dallas, Nueva York, Chicago, Miami y Los Ángeles, impactando tanto la conectividad aérea como el equilibrio comercial y turístico entre ambos países.

Washington, fundamenta su decisión en una acusación formal, México habría incumplido el Acuerdo Bilateral de Transporte Aéreo de 2015, diseñado para liberar el mercado y garantizar competencia equitativa entre aerolíneas de ambas naciones. El secretario de Transporte estadounidense, Sean Duffy, afirmó que México“canceló y congeló ilegalmente los vuelos de una aerolínea estadounidense durante tres años sin consecuencias”, y que además impuso restricciones a los horarios del AICM, así como trasladó de forma unilateral las operaciones de carga al AIFA desde 2022. Para el gobierno de Estados Unidos, estas acciones violan el espíritu y la letra del acuerdo al romper la reciprocidad que sustenta la cooperación aérea. Esta percepción no es falsa y recordemos que,  desde que se tomó esa decisión por el Gobierno de México tanto la industria, aerolíneas y expertos en México advertimos sobre las posibles consecuencias de esa decisión.

La medida, sin embargo, trasciende la aviación. Es una jugada política cuidadosamente calculada. El nuevo gobierno republicano la presenta como una corrección a la “debilidad” de la administración Biden y como un ejemplo de su política de “America First”, una advertencia al mundo sobre que los acuerdos con Estados Unidos no son simbólicos, sino exigibles. En este contexto, el espacio aéreo se convierte en un tablero diplomático y la conectividad, en un instrumento de poder.

Para México, el golpe tiene implicaciones profundas. La reducción de rutas compromete la movilidad de millones de pasajeros, afecta al turismo y encarece la cadena logística de bienes y servicios entre ambos países, así como también exhibe las fisuras internas de la política aeroportuaria nacional. La decisión de trasladar la carga del AICM al AIFA, concebida para modernizar la infraestructura y descongestionar el aeropuerto capitalino, fue implementada sin consenso con el sector y sin la coordinación internacional necesaria. El resultado era previsible, se generarían fricciones, incertidumbre y ahora, sanciones.

El panorama es complejo. México puede argumentar que actuó en ejercicio de su soberanía y que no hubo intención de discriminar a aerolíneas extranjeras, pero la sanción estadounidense deja claro que las decisiones unilaterales tienen un costo. La aviación civil se rige por reglas de reciprocidad, y cuando un país altera el equilibrio, el otro responde. En este caso, la revocación de rutas mexicanas se interpreta como una medida de desconfianza hacia la gestión regulatoria nacional, un llamado de atención sobre la necesidad de alinear las políticas internas con los compromisos internacionales.

Las consecuencias para México se pueden sentir en varios frentes. A corto plazo, habrá menos opciones de vuelo y posibles aumentos en las tarifas. A mediano plazo, las aerolíneas mexicanas perderán competitividad en el mercado estadounidense, que representa más del 60 % de su tráfico internacional. Y a largo plazo, México arriesga su reputación como socio confiable si no resuelve el conflicto con rapidez y solvencia técnica. Aunque la presidenta Claudia Sheinbaum ha declarado que “no existen razones para las sanciones”, el daño reputacional ya está hecho y la respuesta de su gobierno será observada con lupa por otros países y organismos internacionales al dejar evidencia sobre la falta de respeto a los acuerdos firmados internacionales.

Esta disputa en el aire refleja tensiones más profundas en tierra. Lo que está en juego no son únicamente trece rutas, sino la calidad de la relación México-Estados Unidos para los próximos años. La aviación, concebida para unir naciones, se ha transformado en un espacio de confrontación. Si México quiere mantener su liderazgo regional y su posición estratégica como enlace entre América Latina y Norteamérica, deberá demostrar que puede cumplir sus compromisos internacionales y al mismo tiempo defender su autonomía con inteligencia diplomática y solvencia técnica.

El episodio deja además una lección global. La liberalización del transporte aéreo, celebrada en 2015 como símbolo de apertura y cooperación, enfrenta hoy el retorno del proteccionismo y del nacionalismo económico. El gobierno de Estados Unidos invoca la “competencia justa” como bandera, pero en la práctica utiliza esa narrativa para fortalecer la posición de las aerolíneas estadounidenses y condicionar las decisiones de otros gobiernos. México, por su parte, debe encontrar un punto de equilibrio, afirmar su soberanía sin aislarse, y sostener sus rutas con base en reglas claras, previsibilidad y credibilidad.

Al final, las rutas aéreas son mucho más que líneas en el cielo. Son arterias que sostienen la economía, la movilidad y la confianza entre naciones. Cuando se cierran, lo que se interrumpe no es solo el vuelo, sino el vínculo. México tiene ante sí la oportunidad de corregir el rumbo y demostrar que puede navegar con pericia en una tormenta diplomática que, si no se maneja con precisión, podría dejar mucho más que turbulencias en el horizonte bilateral
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