El país se convierte en pionero en América Latina
Uruguay aprobó la ley de eutanasia en Uruguay, convirtiéndose en el primer país de América Latina en legalizar el derecho a una muerte digna mediante un proceso parlamentario. Con 20 votos a favor y 11 en contra, el Senado cerró un debate de cinco años que despertó una amplia reflexión social sobre la libertad individual, la dignidad y el derecho a decidir el final de la vida.
El proyecto, denominado Ley de Muerte Digna, permitirá a personas mayores de edad, con plena capacidad mental y que sufran una enfermedad incurable o padezcan dolores insoportables, solicitar la eutanasia de forma voluntaria y escrita. La norma busca garantizar un proceso humanizado, indoloro y respetuoso, con mecanismos de control y supervisión médica.
Un camino legislativo de cinco años
El proceso para alcanzar esta ley se inició en 2019, cuando el exfutbolista Fernando Sureda, afectado por esclerosis lateral amiotrófica (ELA), pidió públicamente la legalización de la eutanasia. Su testimonio impulsó la primera iniciativa presentada por el diputado colorado Ope Pasquet, que años después sirvió de base para el texto final aprobado este miércoles.
Durante su discusión, el Parlamento uruguayo recibió a más de 60 organizaciones civiles, profesionales de la salud y académicos que aportaron distintas perspectivas éticas, médicas y jurídicas. Finalmente, el respaldo del Frente Amplio, junto con algunos senadores del Partido Colorado y del Partido Nacional, permitió alcanzar la mayoría necesaria para su aprobación.
La ley establece que el médico tratante deberá informar al paciente sobre las opciones de cuidados paliativos y verificar que se cumplan las condiciones de elegibilidad en un plazo máximo de tres días. Además, un segundo médico independiente deberá coincidir con el diagnóstico y la decisión. En caso de discrepancia, una Junta Médica revisará el caso en un lapso similar.
Un nuevo paso en la agenda de derechos
Con esta decisión, Uruguay consolida su posición como referente en políticas progresistas, al igual que en su momento lo hizo con la legalización del aborto, el matrimonio igualitario y la regulación del cannabis. La senadora Constanza Moreira celebró la aprobación afirmando que “Uruguay vuelve a estar a la vanguardia en la agenda de derechos”.
El senador Pasquet destacó que la ley respeta la libertad individual, al asegurar que “quien desee la eutanasia podrá solicitarla, y quien no, tiene todo el derecho de rechazarla”. La norma también dispone la creación de una comisión honoraria encargada de evaluar los casos y enviar informes al Ministerio de Salud y al Parlamento, garantizando transparencia y supervisión.
El Poder Ejecutivo tendrá seis meses para reglamentar la aplicación de la Ley de Muerte Digna, que marca un antes y un después en la historia de los derechos civiles en América Latina.
